El ex gobernador radical Sergio Montiel deberá afrontar por primera vez un juicio oral y público a partir de la elevación a esa instancia de la causa San José, que se concretó el 6. Además de él, también están procesados los ex ministros Rubén Villaverde –cuya situación procesal se definió luego de numerosas dilaciones–, Oscar Berón, Fermín Garay y Osvaldo Cepeda. Se les imputa los delitos de defraudación y negociación incompatible con la función pública.
El juez de Instrucción Nº 2, Carlos Ríos, procesó a Villaverde –ex ministro de Acción Social– el 7 de junio del año pasado. La decisión fue apelada por la abogada defensora Fernanda Tardelli, pero resultó confirmada por la Sala 2 de la Cámara del Crimen, integrada por los jueces Héctor Vilarrodona; Raúl Herzovich y Miguel Ángel Giorgio.
Montiel y quienes fueran sus ministros de Economía, Oscar Berón y Osvaldo Cepeda, y de Gobierno, Fermín Garay, están procesados por esta causa desde 2007.
Villaverde en tanto, esquivó la situación escudado primero en los fueros que tuvo como diputado provincial desde 2003 a 2007 y entre diciembre de ese año hasta octubre de 2008 por su investidura como convencional constituyente. Luego, formalidades procesales dilataron la decisión del magistrado.
Concluida la instrucción, el caso fue elevado a juicio el 6. Intervendrá en el debate oral, la Sala 1 de la Cámara del Crimen, compuesta por Hugo Perotti; Ricardo González y José María Chemez.
Ese tribunal ya recibió en noviembre de 2007 el tramo central del expediente de la causa San José. Ahora, se espera que se realice un control previo y la llamada “radiografía” del expediente, a fin de evaluar en qué situación está la prueba producida durante la etapa investigativa.
En el caso, la Justicia evalúa si las autoridades radicales, al aceptar colectivos de la empresa San José en pago de una deuda impositiva, incurrieron en los delitos de Defraudación a la administración pública y Negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso real.
La situación fue denunciada por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas el 1º de setiembre de 2003. Actualmente es querellante la Oficina Anticorrupción, dependiente de Fiscalía de Estado y a cargo de Gustavo Adolfo Acosta, acota Uno.
