Aquel 10 de diciembre de 2.003 el juez de instrucción a cargo del amparo
que había presentado Edeersa para que se restituya la compañía en manos
de Coensa dispuso el allanamiento de Edeersa y «que se ponga al actor de
la demanda de amparo Dr. Jaime Barba (en ese momento presidente de
Edeersa) en posesión de su cargo desalojando a todas aquellas personas
que se encuentre en el lugar y no sean personal dependiente de la
firma», manda miento que se cumplió al día siguiente.
El juez que procesa por segunda vez a Sergio Montiel entendió que este
último dato acredita que el ex gobernador «conoció cabalmente la orden
dada por el juez Barbagelata y que intencionalmente no cumplió,
manteniendo la vigencia y efectos de los decretos por el suscriptos lo
que motivo que el Juez ordenara el allanamiento de las oficinas de
Edeersa».
Así la cuestión, pese al denodado esfuerzo de los defensores de Montiel,
el Juez Toloy entendió «acreditado que e Dr. Montiel desobedeció el
mandato judicial que conoció cabal y personalmente omitiendo a sabiendas
hacer cesar inmediatamente los efectos de los decretos que ponían a
Coensa al frente de la compañía de energía entrerriana.
La figura delictiva en que quedo atrapado el ex gobernador es el
artículo 239 del Código Penal Argentino, definido como «desobediencia a
la autoridad».
