Según la denuncia, en unos aserraderos ubicados en la localidad correntina de Juan Pujol, en el departamento de Monte Caseros, se obligaba a realizar trabajos forzados con maquinaria de extremo peligro y en condiciones paupérrimas de salubridad e higiene; asimismo, se estableció que quienes trabajaban en el lugar eran traídos desde distintos puntos del país –incluso, se verificaron tres casos de personas provenientes del extranjero-, alojados en habitáculos sin cobertura sanitaria ni social y con una paga por sus servicios no acorde a las reglamentaciones vigentes.
En base a los indicios reunidos durante las investigaciones llevadas a cabo por las y los miembros de la Agrupación III “Corrientes” de la GNA, el magistrado interviniente dispuso allanar siete aserraderos con el objeto de reunir mayores elementos de prueba y dar intervención a los diferentes organismos de fiscalización. La coordinación de tales actividades se encontró a cargo de las y los trabajadores de la mencionada Agrupación de la Gendarmería y contó con la participación de otras Unidades de la misma Fuerza y de un equipo de intervención multidisciplinaria para la contención de las víctimas de trata.
Como resultado de la investigación, los allanamientos y las inspecciones fueron identificadas y rescatadas 145 trabajadores y trabajadoras que efectuaban sus tareas sin las mínimas condiciones exigibles de seguridad, salubridad e higiene, estableciéndose incluso en algunos casos condiciones de reducción a la servidumbre aprovechándose de la vulnerabilidad de las víctimas. Además, se incautaron documentos de interés para la causa judicial, teléfonos celulares, computadores y dinero en efectivo. En tanto, diez personas involucradas permanecen a disposición de la Justicia Federal.
Desde el Ministerio de Seguridad, hoy a cargo de Sabina Frederic, recalcaron que la investigación criminal para la neutralización de este tipo de delitos que socavan los Derechos Humanos básicos, brilló por su ausencia y careció de relevancia durante los cuatro años anteriores, cuando la conducción de esa cartera estaba a cargo de la actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich.
