Aclaró que otro sería el escenario si la medida de fuerza se aplicara porque “no se les abonan sus haberes o hay un atraso, que son las situaciones que se analizaban en la gestión anterior y sobre las que la Justicia ya se expidió” pero agregó que este no es el caso de estas medidas de fuerza ya que “el Estado está cumpliendo en tiempo y forma donde lo que actualmente está en discusión es un potencial aumento”.
Indicó que desde el Consejo General de Educación (CGE) en esta oportunidad se le consultó sobre si en caso de que los directores de escuelas no suministraban información sobre quiénes no asistieron a trabajar los días de huelga cabía alguna sanción, a lo que respondió que “es una función que deriva no sólo del estatuto docente sino también las resoluciones del Consejo de mucho años. Entonces es parte de esta relación laboral que los directivos de las escuelas tienen la obligación de informar esto” y dijo que por incumplir esta función cabrían sanciones que “van desde la menor que es el apercibimiento hasta la cesantía”.
Luego expresó que para proceder al descuento a quienes ejercitaron el derecho de huelga “el Estado debe previamente muñirse de la información y esta debe ser brindada por los directivos de las escuelas que en este caso, tengo entendido, que no habrían cumplido” por lo que en este caso el CGE está habilitado “para iniciar los sumarios”.
Consultada sobre si el Gobierno está habilitado no sólo para iniciar sumarios administrativos a los directivos y descontar los días no trabajados a los docentes, la letrada manifestó a radio La Voz: “Es lo que debería hacerse” opinando además que el Ejecutivo provincial “está ajustado a derecho si toma esta medida”.
