La actual fiscal de Estado, Claudia Mizawak, concurrió esta mañana ante la Comisión de Acuerdos del Senado para realizar la audiencia pública que exige el reglamento del cuerpo antes de tratar el pliego remitido por el Ejecutivo para incorporarla como vocal de la Sala Penal y de Asuntos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Mizawak llegó con puntualidad a las 11, hora prevista para el comienzo de la sesión pública de la Comisión. Vestida con traje negro sobre el que resaltaba un grueso anillo brillante que llevaba en el índice de la mano derecha, la postulante a ocupar el cargo que dejó vacante Miguel Carlín (quien siguió en detalle lo que ocurría desde el lugar reservado al público), sostuvo durante más de una hora y media las razones que motivan su llegada al Superior.
A las 11:07, el presidente de la Comisión, Darío Argain dio comienzo a la reunión, a la que no asistieron representantes de la oposición. En la mesa sólo estaban los justicialistas Juan Ramón Fleitas (La Paz); Carlos Garbelino (Victoria); Victorio Firpo (Feliciano); Mariano López (Colón); Teresita Grand (Paraná) y Oscar Herdt (Diamante).
Mizawak siguió la lectura de la postulación y los antecedentes con atención y tomando de cuando en cuando un poco de agua. Luego, se leyeron los avales y adhesiones y también los tres cuestionamientos hechos por un grupo de abogados, la UCR y el Colegio de Abogados. La Comisión no tomó estas presentaciones como impugnaciones, sino como objeciones, ya que consideró que faltaban elementos para incorporarlos en la primera categoría.
Tras este paso, Argain abrió el cuestionario inquiriéndole por el estado patrimonial. Mizawak comentó que ayer hizo abrir la declaración jurada que obligatoriamente presentan los funcionarios al acceder al cargo ante la Contaduría General y solicitó que se la incorpore al expediente. Paso seguido, relató los bienes que posee (no especificó la valuación de cada uno) y aseveró que no tiene deudas, sino sólo dos créditos, uno hipotecario y otro prendario por una vivienda y un vehículo que había mencionado poseer. También narró que integra una sociedad anónima con su esposo, que nunca fue contratista del Estado.
A dos cuestiones se rehusó la postulante durante el transcurso de la audiencia. En primer lugar a responder al pedido de los abogados que la impugnaron para que dé a conocer los nombres de sus clientes. Allí apeló a cuestiones éticas y procedimentales, ya que no es pertinente revelar la identidad de alguien por un caso penal que ni siquiera fue llevado a proceso. “No lo voy a hacer de ninguna manera”, alegó.
En otro tramo, también se abstuvo de dar a conocer su opinión sobre el conflictivo proceso del concurso 25 del Consejo de la Magistratura para designar magistrados en la justicia civil de Paraná, donde el Superior Tribunal, dando cabida a una medida cautelar presentada por Mario Quinteros, intervino ordenando al Legislativo y al Ejecutivo que no se resolvieran esas designaciones hasta que se complete el caso en la Justicia. Sin embargo, el Senado aprobó los pliegos.
Dijo que no era “conveniente ni oportuno” opinar públicamente de eso en la instancia actual, pero pidió que se incluya en el expediente el dictamen 427 que como Fiscal elaboró sobre el particular e incluso ofreció hacer una sesión secreta o reservada para evacuar dudas de los legisladores.
Mizawak dedicó un tramo al comienzo de la audiencia para defender su vinculación con el actual gobernador Jorge Busti, de quien fue abogada en varias causas que se le iniciaron cuando dejó en 1999 la gobernación. En orden a esto, sentenció que no es “del todo correcto” decir que ofició de defensora ya que el actual mandatario “no resultó imputado en ninguna de las 11 denuncias” que se le iniciaron en las cuales “ni siquiera hubo indagatoria”, agregó, aclarando que a esta circunstancia no se llegó por los fueros del entonces diputado y luego senador nacional, ya que para ser indagado no contaba con esa protección especial.
Ya culminando, y al retrucar los cuestionamientos hechos por un grupo de abogados a su postulación, la letrada mencionó que su colaboración en el libro “La Hora de la Verdad” que Busti publicó durante el gobierno del radical Sergio Montiel fue con un artículo relacionado con los organismos de contralor del Estado.
“Pareciera que yo al escribir esto me hice del partido justicialista, y así lo dicen. Quiero dejar aclarado a todos que no participo en política, pero no porque considere que una política no puede ser vocal del Superior. La política debiera ser una de las actividades más nobles. Pero la vocación política exige tiempo y sacrificios. Tengo 4 hijos y todo lo que hice en mi vida es trabajar y, en el tiempo que me queda, hago de madre. No soy afiliada ni tengo actividad proselitista”, consignó.
“Tengo un fuerte compromiso con la democracia, con la Constitución y con los derechos humanos. Y no habrá ‘teléfono’ de nadie que me haga mover de esas convicciones. No voy a renunciar a ellas frente a ningún par ni gobernador de turno. Esto es política, aún no siendo afiliada a un partido”, sostuvo con vehemencia. En la introducción, había comentado que la actividad de fiscal no le permitía “otra actividad” y que por eso había pedido que se bloquee su matrícula de abogada. “He perdido clientela”, manifestó como cierre.
Además, sentenció que el Superior “es un órgano de poder del Estado” y alentó que “todos tienen que tener una posición política, que es una cosmovisión sobre la vida, sobre el Estado y la sociedad. Y nadie debe renunciar a ello ¿Debemos despojarnos de nuestros derechos políticos ciudadanos, no podríamos votar entonces?”, se preguntó
“La imparcialidad – afirmó – es un esfuerzo que tenemos que hacer frente al caso concreto. Yo voy a demostrarla frente a todas y cada una de las oportunidades donde tenga que tomar una decisión”.
“Es de una intolerancia increíble esta impugnación. Parecería que no puedo tener pasado”, concluyó. La andanada contra los cuestionamientos de los abogados se hizo a pedido de Mizawak cuando ya los senadores habían hecho una despedida pública y Argain estaba por finalizar la sesión.
Mizawak, asistida por una de sus colaboradoras en Fiscalía, llevó papeles y documentación en un carpeta negra que colocó sobre el pupitre ubicado en la zona lateral del recinto de Senadores. Desde allí, explicó a los senadores que desde niña había querido ser abogada, y confesando: “Amo la profesión”.
Acto seguido relató por espacio de varios minutos su paso por la vida académica en la cátedra de Derecho Penal de la Universidad del Litoral y su labor en el Concejo Deliberante vinculada con trámites contravencionales y disciplinarios.
También dejó en claro que su “forma de pensamiento” está moldeada en los principios del derecho público.
Ante una consulta de Garbelino, Mizawak dijo que la actitud de un juez del Superior ante la prensa debería ir en dos sentidos. En tanto actos jurisdiccionales, los magistrados deben hablar a través de sus sentencias las que, describió, deben ser públicas, motivadas, fundadas y entendibles no sólo para los abogados, sino también para los ciudadanos. La información tendría que llegara la prensa, entonces, a través de una oficina del Poder Judicial.
Pero, en cuanto poder del Estado, la Justicia y los jueces “sí tienen que comunicar”, aseguró, poniendo como ejemplo el caso del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que no habla de sus fallos ni de los casos, pero sí de la realidad del poder judicial.
A la par, reclamó que los periodistas “se capaciten” y planteó que las partes en un proceso deben ser “prudentes y cautelosas” con la información que dejan trascender.
En otro orden de cosas, también recordó que formó parte de la comisión que redactó el nuevo Código Procesal Penal de la provincia, sobre el que tuvo conceptos elogiosos, como aseverar que trae “significativos avances”.
Trascartón, definió que es necesario que el servicio de Justicia incremente su eficacia, ya que “no hay otra para ser creíbles”, sentenció.
Interrogada por López sobre qué haría sobre el texto constitucional de ser constituyente, Mizawak apuntó que debe avanzarse en el mejoramiento de los organismos de control y de la Fiscalía de Estado.
Incluso narró que elaboró un documento con propuestas que hizo circular entre los futuros convencionales expresando ideas y aportes sobre el particular, dentro de los cuales resaltó que los principios que contiene el proyecto de ética pública que está en tratamiento en la Legislatura deben ser un mandato constitucional.
En otro momento de su exposición, la candidata había defendido su llegada al STj por fuera de la carrera tribunalicia indicando que para la conducción de la Justicia “22 años afuera y adentro (de los Tribunales) son necesarios”.
Asimismo, marcó como eje necesario para cambiar la actual situación de conflictividad social el “revertir la pobreza”, planteando a su vez como un “problema sin solución la invasión de armas” en manos de particulares.
En otro tramo de su exposición, Mizawak citó a un jurista para plantear que la eficacia judicial no depende del agravamiento de las penas: “No es necesario que se aumenten las penas, sino que sean eficaces”, postuló.
Fuente: APF
