Miraglio rememoró que “en el año 2004, la DGR hizo una fiscalización, donde se constató que ilegítimamente habían traspasado vehículos de Entre Ríos a la provincia de Jujuy. Nosotros tenemos probados que esos vehículos estaban en la provincia de Jujuy, que no había rutas hacia esa provincia. Muy a pesar de la empresa en ese momento, no pudieron acreditar la presencia de vehículos en la provincia de Jujuy”, destacó el contador.
Luego “hubo una actuación judicial, en que la empresa presentó una medida cautelar en un juzgado ordinario de la provincia de Jujuy, un juzgado de primera instancia, que determinó que había que parar el proceso hasta tanto no se determinara quien tenía razón”, explicó Miraglio en declaraciones a Máxima On Line. En concreto, el edicto dispuso “no innovar y no iniciar nuevas actuaciones”, luego de lo cual tomó debida intervención la Fiscalía de Estado provincial.
El funcionario aclaró que “esto no está prescripto, ni puede llegar a prescribir. Y los 5 millones que pueden llegar a ser, no van a prescribir”, sentenció.
