El punto que traerá mayor conflictividad en la pulseada Nación-provincias se dará porque los peronistas, con el jugador extra del socialismo de Santa Fe -presente en todos los encuentros, pero aún sin confirmar asistencia para pasado mañana-, pedirán que en vez de buscar un recorte total de $ 300.000 millones (de los cuales $ 100.000 millones absorberán las provincias) la poda sea por un monto menor con más foco en los recursos. Es decir, que el Estado recaude más a través de una mayor carga impositiva para "quienes tienen mayor poder adquisitivo", como señaló un funcionario de un gobernador PJ.
En las provincias creen que cualquier retoque excesivo en el gasto traerá coletazos sociales de forma inevitable. En especial porque tras la firma del Pacto Fiscal todos los distritos buscaron reducir el déficit de las cuentas locales y al mismo tiempo bajaron la recaudación de Ingresos Brutos (el descenso progresivo de este impuesto también trae malestar en este nuevo contexto). Así, un nuevo ajuste a través de caída de remesas nacionales será difícil de contener.
El menú provincial incluirá incrementar la torta a través de Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales, tasas al turismo, eficiencia en tributos inmobiliarios con actualizaciones catastrales. "El ajuste vía gasto pega sólo en la base de la pirámide. La intención es que el esfuerzo sea equitativo y también miremos al vértice de la pirámide", señaló a este medio un ministro que manifestó que llevarán una "mirada peronista" al encuentro.
En la Casa Rosada difícilmente acepten una mayor carga impositiva, ya que Cambiemos hizo bandera de una menor presión fiscal como base de la competitividad de la economía, al menos en términos teóricos. "¿Trasladar el ajuste al sector privado?", preguntó de forma retórica un funcionario nacional, desde despachos claves en la negociación.
Los anfitriones del encuentro del jueves serán Alejandro Caldarelli y Paulino Caballero por el Ministerio del Interior y Rodrigo Pena por la cartera de Hacienda.
Más quejas
En línea con la cumbre de la semana pasada, las provincias evitan hablar de contrapropuesta, como sí decían hasta que Nación declaró por decreto el deceso del Fondo Federal Solidario (FFS), y siguen hablando de "puntos de vista" sobre una pauta de gastos "que tendrá que elaborar el gobierno nacional", quitándose de encima la responsabilidad política del recorte. En la Casa Rosada saben que esa decisión unilateral sigue generando resistencias y lesionó el ánimo de las conversaciones con los gobernadores. Aunque más allá del contenido del paper final, ven como dato positivo que los ministros irán a la reunión "con propuestas y alternativas". Una puja que también pasa por el plano dialéctico.
El mayor acuerdo entre las provincias en cuanto al "mal menor" es buscar que el recorte sea a través de una quita en subsidios al transporte, más de $ 40.000 millones que recaerán en especial en CABA y Buenos Aires, distritos gobernados por el macrismo: Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, respectivamente.
Además, si bien el fin del FFS era una posibilidad que había presentado el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el aviso a las provincias vía Boletín Oficial no se terminó de digerir en las provincias. Causó preocupación en Nación el camino judicial que exploran gobernadores como Juan Manzur (Tucumán), Lucía Corpacci (Catamarca), Mariano Arcioni (Chubut) o Alicia Kirchner (Santa Cruz).
Desde la Casa Rosada ya partió el mensaje de que se buscará un esquema de compensación mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses como posible carta de reparación a través de un mayor porcentaje a las provincias. Traducido: para contener las críticas, subirá un punto el monto del FGS con el que desde 2016 devuelve el 15 % de coparticipación, a lo que adicionará más giros de fondos en efectivo y un bono compensador.
No obstante, a las quejas de hace una semana se sumaron nuevos enojos públicos durante el feriado, como el repudio del riojano peronista Sergio Casas o las advertencias del Frente Progresista de Santa Fe, a través un funcionario de Lifschitz como el secretario de Municipios y Comunas, Carlos Torres, quien dijo que buscarán un freno al decreto.
El área de Torres no es casual, los intendentes son los más afectados por la caída del FFS que se aplicaba a obras. Ahora, los gobernadores buscan negociar con los jefes municipales sobre esos fondos vitales para hacer trabajos de asfalto, veredas y otros desarrollos centrales para las comunas.
"Nosotros vamos a reclamar el Fondo Solidario porque es lo que legítimamente nos corresponde, está sancionado a través de una Ley del Congreso y no se puede mediante un decreto de necesidad de urgencia anular la voluntad de los representantes del pueblo", dijo Casas desde La Rioja y se añadió así al grupo más rebelde que motorizó un encuentro acotado de gobernadores y vices que se juntaron el viernes en el Consejo Federal de Inversiones.
En el caso santafesino, Torres declaró ayer que la provincia empujará "iniciativas" para que el fin del FFS "no afecte al presupuesto de este año". "El decreto impacta de manera negativa en todos los gobiernos de todas las provincias y de todos los colores políticos", agregó en declaraciones al medio local La Capital.
También los municipios de Misiones, gobernada por Hugo Passalacqua (del sello provincial Frente Renovador de la Concordia), emitieron un documento en el que acusan al presidente Mauricio Macri de "echar por tierra la palabra del gobierno nacional mediante el cual la Nación se comprometía a mantener indemne el Fondo Federal Solidario".
