La comunicación fue realizada por el abogado Germán Coronel –quien presta funciones legales en el Ministerio de Salud de la provincia-, quien le indicó que desde ese momento estaba renunciado al cargo de asesor técnico del ministro Juan Giano. Torrealday, además de percibir su jubilación por el cargo de años que tuvo en el Hospital de Niños “San Roque”, a su vez cobraba cerca de 9.000 pesos mensuales como colaborador del gobierno, consigna Análisis.
Vale recordar también que el Estado provincial, a través del Ministerio de Salud, le abona cuantiosas sumas mensuales al Instituto de Pediatria –cuyo principal accionista es Torrealday- , en concepto de derivación e internación de niños provenientes del Hospital “San Roque” de Paraná. Es la principal institución receptora de sumas millonarias anuales. Mientras tanto, nunca se avanzó en la ampliación y/o refacción (indicadas por la dirección Nacional de maternidad e infancia) a la sala de Neonatología del Hospital San Roque.
El jueves último, en la audiencia oral y pública por la causa Hospital Militar, el testimonio de la enfermera Imelda Princic, del Instituto Privado de Pediatría en la década del ‘70, fue determinante para la posterior decisión gubernamental. La mujer imputó a Miguel Torrealday en el manejo irregular de los mellizos llevados desde el Hospital Militar. De esa manera, la enfermera volvió a poner de relieve el rol que desempeñó uno de los propietarios del instituto privado al que fueron derivados los hijos mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos durante el cautiverio de su madre en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978.
La enfermera afirmó también que el chico provenía, según dijo, del Hospital Militar, pero no recordaba que le hubieran comentado que se tratara del hijo de una «guerrillera» o «extremista», como refiriera otra trabajadora de la salud y tampoco que alguien fuera a visitarlo mientras duró su estadía en la sala de neonatología. Sin embargo, cuando preguntó al médico por qué la tarjeta decía NN, Torrealday «primero no quiso contestar y después dijo que la familia estaba viendo qué hacer con el bebé». Luego de varias repreguntas, y con ciertas dudas, terminó por manifestar que el médico le indicó que «los familiares del chico no sabían si le pondrían el apellido del padre o de la madre», aunque ella misma consideró que «fue una respuesta medio confusa con la que me quiso conformar». Y acotó: «En esa época no se podía preguntar y si alguien preguntaba, los médicos no contestaban».
El nombre del médico Torrealday estuvo en varios testimonios escuchados en lo que va del juicio oral y público que se desarrolla en Paraná para establecer responsabilidades en el secuestro y sustracción de identidad de los hijos de los militantes desaparecidos. Fue, precisamente, uno de los cuatro profesionales señalados como los responsables del instituto médico adonde fueron derivados los mellizos nacidos en el Hospital Militar. Incluso una de las enfermeras que prestó declaración no dudó en señalar que los niños pudieron haber sido atendidos por el propio Torrealday, Jorge Rossi o Ángel Luis Schroeder.
“Tuve la oportunidad de ver el libro de ingresos, y había allí un NN”, comenzó diciendo Miguel Torrealday, cuando testimonió ante el tribunal presidido por el doctor Roberto López Arango. Relató que en oportunidad de prestar declaración en el juicio que se desarrolló en Rosario por el secuestro y desaparición de Negro y Valenzuela, se encontró con la fundadora y principal referente de la asociación Abuelas de Mayo, Estela de Carlotto, con quien –dijo– analizó el libro de administración en el que estaban consignados los ingresos y egresos de pacientes y que repararon en los mellizos. Allí consta el ingreso de la nena como “López, Soledad” –hoy llamada Sabrina Gullino que sigue todas las jornadas con atención e interés de querellante– el 4 de marzo de 1978 y el varón como “López, NN” el 10 de marzo, procedentes del Hospital Militar, y el egreso de ambos el 27 de marzo e inclusive se dejó registrado que el costo de atención sería afrontado por la institución de la cual procedían. “Nos llamó la atención que teniendo el mismo apellido fueran ingresados en fechas distintas y dados de alta el mismo día”, dijo Torrealday.
“Estamos comprometidos con la causa y queremos saber quién fue el médico que atendió a los niños. Nosotros tenemos 9.400 internaciones hechas al día de la fecha y esto es una cuestión de confianza. Lo que queremos, por nuestra historia y por nuestra militancia, es recuperar a esos chicos”, afirmó luego. Fue entonces cuando la jueza Lilia Carnero le dijo: “Usted dice que quiere encontrar al niño, pero son ustedes (por los médicos directivos del IPP) los que tienen la clave para saber la verdad, pero tienen que hacer memoria”, sostuvo. “Llama la atención que las enfermeras supieran y los médicos no”, le dijo más adelante el presidente del tribunal, Roberto López Arango, en referencia a la internación en el IPP de niños nacidos durante el cautiverio de su madre. El recurrente olvido ante las preguntas de las partes terminó por generar una nueva intervención de la jueza Carnero: “Creo que usted sabe lo que pasó y omite información; quién recibió, quién atendió y quién dio de alta a los niños”, apuntó. “Ésa es la pregunta del millón”, apuntó sin contestar Torrealday. “No quiero ser parte de lo que consideran la corporación médica; si supiera lo diría”, agregó para mencionar finalmente un conjunto de médicos que prestaban servicio en neonatología del IPP.
Respecto del bebé que estaba registrado en el libro de ingreso como NN, consideró que “la identidad figuraba en la historia clínica”, pero luego precisó que esos documentos estaban archivados en un sótano que se inundó y, por lo tanto, se destruyeron. El médico confirmó que los niños nacidos en cautiverio bajo poder de la dictadura militar pasaron por el instituto privado, pero no aportó mayores datos y dejó la sensación en organismos de derechos humanos de que fue reticente con la información brindada.
Es la segunda vez que Torrealday aparece vinculado a un tema extragobierno, al ocupar un cargo público. En 1991 estuvo a punto de abandonar el cargo de secretario de Salud de la provincia -en el primer gobierno de Jorge Busti-, cuando se supo que el cuerpo del escribano Rubén Calero -ex funcionario del Instituto Autárquico Provincial de la vivienda- había sido trasladado en la lancha de su pertenencia, antes de ser arrojado al río después de su asesinato. Torrealday había prestado su embarcación a varios de los imputados por el secuestro y muerte del conocido escribano, la que fue utilizada en esos días de junio del ’91 cuando el médico se encontraba en Estados Unidos.
Miguel Angel Torrealday asumió como subsecretario de Salud y luego ascendió a secretario en la primera administración bustista. El médico paranaense, sanitarista de profesión, siempre tuvo fuertes vinculaciones con el peronismo. Su padre fue ministro de Educación (1950-1952) y vicegobernador de la provincia (1952-1955), acompañando a Felipe Texier. Entre 1975 y 1976 fue subsecretario de Salud Pública del ex gobernador justicialista Enrique Tomás Cresto.
