Los créditos en evaluación de la entidad suman un total de 400 millones de dólares para financiar un tramo de la construcción de ambas plantas.
Si bien el Ministerio de Economía no es el órgano madre para tratar el conflicto, que está en manos de la Cancillería, el encuentro de Miceli con Wolfowitz posibilitó un nuevo canal de diálogo.
El canciller Taiana ya había enviado a mediados de marzo una carta al director del Banco Mundial. Allí pedía a la entidad que suspendiera la votación en el directorio de la CFI hasta que ambos países solucionaran la controversia.
Fue entonces que el titular de la CFI, el sueco Lars Thunell, envió otra misiva a la cancillería argentina en la que aseguró que debía ser esencial que las empresas cumplan con todos los requisitos fijados por los peritos.
La semana pasada se conoció una ampliación del informe de impacto ambiental acumulativo que prepara la CFI realizado por dos científicos canadienses. En ese estudio los expertos recomendaron a la entidad crediticia que queririera más información a Botnia y ENCE sobre ciertos aspectos de los proyectos, pero a su vez, concluyeron en que una posible contaminación no provocaría un «daño catastrófico».
