Grimalt reconoció que el fallo de la Sala Civil del STJ sentó un precedente jurídico muy importante para que a las mujeres se les reconozca el derecho de decidir sobre su propio cuerpo ante una circunstancia tan aberrante, como una violación.
Además, opinó que en Argentina existe una legislación que “no deja lugar a dudas” que no debe interponerse, por parte de la Justicia o del personal médico, obstáculos derivados de alguna creencia religiosa en particular. Por lo tanto, sostuvo: “como tutora legal de la joven, la decisión que tomó la madre está perfectamente cuadrada dentro de los términos legales que establece el artículo 86, inciso 2, del Código Penal”.
La legisladora entendió asimismo que “no debería haber ningún inconveniente para que el aborto se lleve a cabo”. Sin embargo, remarcó que “se deben tener en cuenta dos cosas: primero preservar la salud de la joven” teniendo en cuenta que “la avanzada gestación pone en riesgo la vida de la chica, por tanto requiere una evaluación médica”.
En segundo lugar, la legisladora opinó la intervención se debe hacer tomando todos los recaudos legales. En ese orden, sostuvo que el Estado argentino y el entrerriano deben garantizar que la práctica se pueda hacer en el hospital público, “a fin de resguardar la prueba, que es necesaria para determinar si la persona sindicada como presunto violador es quien cometió este acto”.
Por otro lado, la diputada se refirió a la posibilidad de solicitar el juicio político contra la defensora Marcela Piterson y la jueza Claudia Salomón, quienes impidieron en su momento la interrupción del embarazo. “Seguimos sosteniendo esa posición. Pero cuando se evalúa el mal desempeño de estas funcionarias, como está todo aún en proceso, no podemos decir cuál es el alcance del daño de esta decisión que tomó la defensora y la jueza de evitar que la madre pudiera ejercer el derecho que le correspondía, como era la interrupción del embarazo”, expresó al respecto.
“Las consecuencias de esta mala intervención –porque se extralimitaron en sus funciones– todavía no podemos evaluarlas correctamente, porque no sabemos el desenlace de esta situación”, continuó Grimalt.
La integrante del Foro por los derechos de las mujeres criticó además el hecho de que “algunos sectores de la iglesia católica pretendieron presentarlo como un campo de batalla ideológico y se olvidaron que la única víctima es esta joven”.
En tanto, reprochó “las manifestaciones que recorrieron las calles de nuestra ciudad”, a las que consideró “indignantes para nuestra sociedad”. Al respecto dijo que los sectores que realizaron esas expresiones “no ganaron nada gritándonos asesinas a las organizaciones de mujeres y de derechos humanos. Lo que dijo (César) Pazo, de que Basseotto tenía razón, 24 horas antes de haberse recordado de la Noche de los Lápices y casi al cumplirse un año de la desaparición de Jorge Julio López, no es una frase feliz”, apuntó.
Por último, Grimalt aseveró que “algunos sectores de la Iglesia también violaron los derechos de esta joven”.
