Si bien la pena es de cumplimiento efectivo, no se realizará de manera inmediata. En primer lugar debe quedar firme la sentencia en la instancia superior de la Cámara Federal de Casación Penal y, en el caso de Menem, si esto pasara antes de que termine su mandato como Senador, se deberían pedir los desafueros a la Cámara Alta del Congreso de la Nación.
El caso se fundamenta en la malversación de caudales públicos durante el primer mandato de Menem en los 90, década marcada por la Convertibilidad, el famoso “1 a 1“ entre el peso argentino y el dólar estadounidense. La generalizada privatización de empresas estatales que propició el gobierno neoliberal de Menem incluyó los predios de Palermo, que ahora ya se conocen popularmente como “La Rural”, a la SRA. Los mismos fueron rematados a 30 millones de pesos cuando su valor estaba estipulado en unos 131.800.000 de dólares.
También fueron pasaron por el juicio el ex presidente de la SRA, Eduardo de Zavalía, y el ex secretario de la entidad, Juan Alberto Ravagnan, junto a otros tasadores del Estado, del Banco Ciudad y el Hipotecario. Finalmente fueron absueltos todos, menos a Matías Ordóñez y Gastón Figueroa Alcorta, encargados de tasar a gusto de los empresarios los terrenos públicos, que fueron condenados a tres años de prisión en suspenso. El predio, a pesar de haber sido comprado por sólo una fracción de su valor seguirá en manos de la Sociedad Rural que en un comunicado festejó el fin de “más de 20 años de persecución judicial injusta”.
Este dúo del terror ya fue condenado con anterioridad por sobresueldos a los funcionarios durante los dos gobiernos menemistas, pero ninguno fue encarcelado. Menem también tiene en suspenso una condena a 7 años de prisión por el tráfico de armas agravado a Croacia y Ecuador. A pesar de todo esto sigue gozando de la impunidad y los beneficios que otorga ser parte del sistema político capitalista, para el cual la corrupción no es un problema, sino una parte esencial en su funcionamiento.
