Héctor Méndez no dudó un segundo:
–¡Debería irse a vivir a Cuba! –gritó.
–¿Pero usted leyó el proyecto? –le preguntó el periodista.
–No estoy al tanto pero Recalde debería irse a vivir a Cuba –destiló odio.
En aquellos días de junio de 2010, el presidente de la Unión Industrial Argentina vio en Héctor Recalde la personificación del diablo.
¿Qué había propuesto el diputado kirchnerista y entonces asesor legal de la CGT? Que las empresas participen al trabajador en el reparto de sus ganancias.
¿Una idea revolucionaria de Fidel Castro? ¿Una normativa propia de los regímenes socialistas? No. Sencillamente la ratificación de un artículo contemplado en la Constitución argentina.
En efecto, el artículo 14 bis sostiene taxativamente que los trabajadores tienen derecho a tener "participación en la ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección".
Es un pasaje de la Carta Magna al que todos le hacen la vista gorda, al igual que el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda digna. Sin embargo, para Méndez el Estado no debe meter sus narices en el vínculo entre patrones y empleados.
Seguramente el industrial no reparó en aquel punto del proyecto de ley, según el cual, si las empresas reinvierten todas sus utilidades, automáticamente quedan exentas de distribuirlas, lo que aborta aquella cantinela del establishment de que cualquier iniciativa social ahuyenta las inversiones.
La propuesta de Recalde reafirma un derecho que hoy está atado a la voluntad de las empresas. No se trata entonces de un proyecto que consagra una arbitrariedad sino que, contrariamente, pone fin a la misma.
¿Cuando Méndez desdeña a Cuba lo hace por su sistema de distribución o de cobertura gratuita de la educación y la salud? ¿Lo hace por los niveles de mortalidad infantil, menores a los nuestros, o de acceso a una vivienda digna, inmensamente mayores a los que se registra en la Argentina?
–Recalde debería irse a Cuba –siguió con su desprecio el hombre de la UIA.
–¿Pero leyó su proyecto? –le volvieron a preguntar.
–Que se vaya a Cuba o a Venezuela –cerró el diálogo, ahora ampliando la oferta caribeña.
A sus ojos, la iniciativa fue obra y gracia del comunismo transnacional, que de la mano del legislador del FPV se infiltró en el Congreso con el propósito de poner fin al libre mercado, el gran ordenador de la economía.
Recalde no estuvo con el Che Guevara en Sierra Maestra ni participó del asalto al Cuartel de la Moncada. Su historia está ligada al justicialismo, ejerciendo como asesor legal de diversos sindicatos y de la propia CGT.
La incontinencia de Méndez regresó la última semana al conocerse la decisión oficial de remozar la Ley de Abastecimiento. Desde el mundo empresario hubo denodados esfuerzos por endilgarle a la norma un origen chavista, pese a que es de 1974, cuando Hugo Chávez rondaba los 20 años y aún no había egresado de la Academia Militar de Venezuela.
Pero el titular de la UIA sorprendió con un giro argumental, y empezó a comparar al kirchnerismo con la dictadura militar. "Un gobierno que tiene una mayoría absoluta durante diez años, que tiene una tropa de lealtad incuestionable que levanta la mano, me hace acordar a la dictadura y la famosa obediencia debida", afirmó.
¿Por qué cuando el Congreso dio luz verde a leyes de flexibilidad laboral, en tiempos de Menem y De la Rúa, el titular de la UIA no habló de obediencia debida? ¿Por qué cuando los legisladores aprobaron la ley de ART, ya en el gobierno de Cristina Fernández, no le vino a la memoria la dictadura? ¿Será porque las nuevas leyes habilitaban a los patrones a contratar barato y despedir sin ningún tipo de resarcimiento? ¿Será porque la nueva normativa de riesgo de trabajo eliminó la "doble vía", que antes permitía que un asalariado pudiera cobrar una indemnización tarifada de la ART y además reclamar otra mayor en la justicia laboral?
Méndez evoca la dictadura y se regodea de un sesgo antidemocrático del Congreso cuando no le gustan las leyes que se aprueban. Pero nada dice si las normativas laceran derechos y conquistas laborales.
Cae, además, en la contradicción de comparar al gobierno con el comunismo cubano y simultáneamente con la administración de Videla, que perseguía y aniquilaba a la militancia de izquierda.
El macartismo de Méndez lo lleva a acusaciones infundadas y oportunistas, cuyo único propósito es defender un interés sectorial, el de los más fuertes por sobre el de los más débiles.
Lo que hizo fue tan desmesurado que la Sociedad Rural Argentina, una entidad complaciente con el poder en los años de plomo, debió desmarcarse y reconocer la plena vigencia de la democracia.
De paso, en un tiro por elevación, Luis Etchevehere dijo que para lograr que el gobierno dé marcha atrás con la Ley de Abastecimiento "hay que argumentar, hay que fundamentar, hay que ser firmes".
Todo un llamado del titular de la SRA a Méndez para que deje de decir sandeces.
