“Actualmente, las editoriales expresan que no donan el material que retiran de circulación puesto que ello impondría tener un lugar de almacenamiento y un proceso de distribución que implica un costo alto para las editoriales», mencionó.
«A su vez, los autores de las obras con justa razón, aducen que en resguardo a su propiedad intelectual no desean ver sus obras a un costo ínfimo en un mercado secundario o paralelo”, manifestó.
Con el actual proyecto, el Estado toma intervención y garantiza un lugar para el almacenamiento de todas las obras que se retiren de circulación y establece en su Art. 5° una distribución a través de la Secretaría de Cultura de la Nación y el Ministerio de Educación de la Nación.
Asimismo, el diputado nacional sostuvo que “la propiedad intelectual del autor queda a resguardo, toda vez que la distribución gratuita en bibliotecas y escuelas públicas permiten que las obras tengan como único destinatario los sectores populares de la Nación y no una reventa a bajo costo que atente contra el respeto que merece toda obra”.
Por último, Rogel dijo que “el Estado está obligado a tomar intervención para erradicar ésta política de destrucción que llevan adelante las editoriales pues es el Estado Nacional quien facilita la comercialización a través de las exenciones impositivas pertinentes”.
