La concejal Laner indicó que desde el Concejo se siempre se ha pregonado la igualdad ante la ley y han sido muy cuidadosos respecto de no sentar precedentes de algún tipo de trato diferenciado con ningún contribuyente. “No podemos hacer diferencia entre el rico y el poderoso y los ciudadanos comunes. Sino el rico y poderoso pareciera que elige cuando y como pagar mientras que el ciudadano común paga siempre y cuando corresponde”, argumentó.
Además Laner mencionó que no se está hablando de un comercio quebrado sino de una financiera. “O sea una usura legalizada”, indicó. Además agregó que la tasa anual que cobra es del 180 % y la tasa mensual del 10 %. Y los punitorios de la tarjeta que maneja la financiera son del 81,4 % y del 25 %. “Acá no funcionan los principios de clemencia y justicia social. No hay contemplaciones con los humildes. Y a esta financiera no acude el que se va de vacaciones a Europa, acude el humilde y el trabajador. Y muchas veces queda ahogado y recurre a una cueva peor para pagar los punitorios”, añadió. Además recordó que el fraude a Ater por compensaciones truchas que la Justicia investiga tuvo como protagonistas, ente otras, a tres empresas cuyo dueño es Mario Sborovsky.
Y se preguntó cuantas moratorias ha dado el municipio desde el 2011 hasta el 2016 para que los contribuyentes regularicen la situación. “Cuantas posibilidades tuvo esta financiera para regularizar su situación. Sin duda muchísimas. Pero no ha mostrado una sola voluntad de pago”, indicó. “Tuvo que perder un juicio para reconocer su deuda, parecía que se sentía sobre la ley y sobre cualquier ciudadano común”, indicó.
Por su parte, Benítez explicó que su voto negativo se debió a que el contribuyente no está en una mala situación económica. Además consideró que no puede avalar un convenio que viole el principio de la generalidad. “Es un principio que establece que las leyes no pueden establecer privilegios personales, de clase, linaje o casta”, indicó. En consecuencia, las exenciones sólo pueden ser establecidas por razones económicas, sociales o políticas.
El edil remarcó que durante cinco años el contribuyente evadió la tasa. “No se trata de Doña Rosa que no puede pagar la tasa sino de un contribuyente que tuvo que ser detectado después de cinco años que no pagó la tasa”, dijo. Por ende, dijo que el acuerdo deja un mensaje a la sociedad que establece que “los poderosos que tienen abogados logran prebendas y arreglos mejores”.
No obstante, el concejal Daniel Cedro (Frente Renovador) argumentó que es natural que “todos traten de pagar menos” y que para eso el fisco debe controlar. Y respecto de la “usura legalizada” que manifestó Laner, dijo que si es legal “es una actividad reglamentada”. De lo contrario, el gobierno nacional debería comenzar a “perseguir a las casas financieras, los bancos y demás y constituir una sociedad sin usura”.
Más adelante, Cedro indicó que no le gustaba la tasa mensual del 0,5 % que se le otorgó para pagar en cuotas mensuales la deuda. Pero sostuvo que de seguir la vía judicial, la municipalidad debería ir al Superior Tribunal de Justicia y luego a la Corte Suprema. Y estimó que ese periplo judicial llevaría entre cinco y siete años. Mientras tanto, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, planteó cambios en la coparticipación nacional que le restaría $ 3.600 millones a Entre Ríos y esa mengua afectaría al municipio a Concordia al igual que al resto de los distritos entrerrianos.
De la misma forma, Alberto Armanazqui, presidente del bloque del oficialismo, dijo que no estaban de acuerdo con la tasa mensual del 0,5 %. Además recalcó que no se adhirieron a las moratorias porque había “dos libros” en materia tributaria antagónicos entre sí respecto de incluirse o no. “Unos decían que sigan porque lo iban a ganar y otro que no sigan porque lo iban a perder. Y priorizaron el que decía que iban a ganar y no se avinieron”, dijo. Pero celebró que finalmente lo hayan hecho porque eso significa que el municipio puede cobrar. Además recordó que el Concejo estableció convenios de pago con otras firmas en condiciones similares.
Según expuso además, dijo que son objetivos en el análisis del caso y que a nadie del bloque van a “correr con la billetera”, parafraseando una nota de Benítez a DIARIOJUNIO la semana pasada. “Ni porque sean poderosos ni porque vamos a recibir sobornos”, indicó. “Eso duele mucho porque tenemos familia atrás y esa interpretación de la billetera puede dar lugar a muchas interpretaciones. Hay que ser cuidadosos cuando se usan esas palabras”, añadió.
Además se apoyó en declaraciones de la concejal Magdalena Reta de Urquiza (Cambiemos) que, si bien votó en contra del acuerdo porque no fueron anoticiados antes de las negociaciones extrajudiciales, dijo que no era por los argumentos de Benítez dado que no se lo beneficia económicamente debido a que los intereses y las multas que se le aplican son “onerosos”.
Y puso sobre el tapete que como oficialismo tienen que preocuparse por una gestión de gobierno atravesada por muchísimas situaciones socio-económicas. “No nos podemos dar el lujo de no recibir el importe que está establecido en este convenio y llegar, como dijo Cedro, dentro de siete años a que la Justicia diga si o no le corresponde tributar”, indicó. Y añadió que quienes argumentan que es “insignificante lo que paga la empresa” se nota que no tienen la responsabilidad de gobernar. “Y cuando la tuvieron así les fue. Se tuvieron que ir del gobierno, por eso es tan fácil opinar desde la oposición”, dijo.
Otro concejal del oficialismo que opinó fue Amadeo Cresto quien sostuvo que los peronistas: “no nos hemos ido nunca en helicóptero por ser responsables en cuanto a la gestión de gobierno”. Y advirtió que en la actualidad no se ve “ninguna luz al final del túnel”. “A ningún municipio le sobra dinero por muchísimos factores: por el ajuste, porque la recaudación a nivel nacional ha caído y eso repercute en la coparticipación”, añadió. Y dijo que en 2015 en Concordia había 1.500 locales abiertos mientras que en, la actualidad hay un 6 % menos: 150 fueron cerrados. “Y esa gente es desocupada. El municipio tiene que ser justo socialmente y ese desocupado, esa Doña Rosa o Don Juan, en algún momento van a caer en la municipalidad por un problema de salud o falta de alimento. Y el municipio tiene que tener respaldo”, dijo.
Además el recuerdo de la gestión de Hernán Orduna (1999-2003) es aleccionadora en ese sentido. Cresto recordó que en esa época el municipio se debía pagar con una ‘tablita’. “No queremos llegar a eso”, indicó. “Nos estamos anticipando a lo que los peronistas estamos acostumbrados a ver que viene como producto de los gobiernos neoliberales que ya lo hemos vivido en muchísimas ocasiones”, dijo.
