La abogada del profesional, Marina Fernández, interpuso un recurso de súplica ante la Audiencia Nacional contra la decisión de acceder a su entrega por delitos de detención ilegal y lesiones, al no estar vigente en España en esas fechas el de lesa humanidad por el que le reclama Uruguay.
En su recurso, al que ha tenido acceso EFE, la defensa alega que los hechos que se le imputan, “con independencia de que no son ciertos, no son punibles”, por estar los delitos por los que se permite la entrega prescritos en la legislación española al haber transcurrido cuarenta años.
En el auto en el que dio el visto bueno a la extradición, la Audiencia Nacional, al igual que planteó la Fiscalía, consideró que si bien el delito de lesa humanidad por el que le reclama Uruguay no estaba tipificado en España hasta 2004, los hechos “serían encuadrables en los delitos de detención ilegal” y “de lesiones”, con lo que sí se cumplirían los requisitos de doble incriminación y mínimo punitivo para acceder a la entrega.
Al respecto, la abogada alega que si las conductas que se le imputan a su cliente las hubiera cometido en España y contra españoles, “nadie le perseguiría”.
A la vez que añade que las autoridades uruguayas no han remitido “ningún documento” que respalde su presencia como médico en un regimiento militar entre 1972 y 1975 en el que, según la demanda de extradición, se dedicó a asesorar sobre torturas en interrogatorios.
El recurso mantiene que Suzacq ni siquiera era aún médico, pues obtuvo la licenciatura en 1976, en 1977 “se exilió en España, huyendo de la dictadura uruguaya”, en 1978 obtuvo la nacionalidad española y ha residido en España desde entonces, donde en 2014 se jubiló del Sistema Nacional de Salud, destaca.
Además, agrega que ninguno de los ocho denunciantes lo implica “en el fallecimiento o desaparición de ninguna persona”.
