Este negocio infame de medicamentos adulterados, falsificados o robados pasó en nuestro país del 1% del total, en el año 2000 a un 10 % en el año 2009, y que reporta a estos comerciantes criminales la friolera de 1.100 millones de pesos anuales ( datos del sindicato arg. de farmacéuticos y bioquímicos ). Estas cifras contrastan con el Anmat (administración nacional de medicamentos, alimentos y tecnología), que dice “ la argentina es uno de los países mas seguros en materia de medicamentos” según su subdirector, asegurando que “ solo el 0,9 % de los medicamentos que circulan en la Argentina son ilegítimos “. (Lastimosamente, pareciera que lo acontecido en el INDEC también ocurre en el Anmat ).
Adulterar medicamentos es de tal gravedad que quienes lo hacen deberían ser juzgados por homicidio doloso y tener la misma pena de quién mata con intención de matar y ser castigado con cadena perpetua. De igual forma deberían ser castigados quiénes adquieren estos medicamentos para entregarlos a los enfermos sabiendo que son adulterados, formando parte de este negocio.
Los destinatarios de este trafico de medicamentos son seres humanos con penosas enfermedades que apuestan a este tratamiento, sin saber, que caen en manos de inescrupulosos cuya única finalidad es el lucro a través de este vil negocio.
Una droguería solo funciona con la debida autorización del Anmat y su posterior control a cargo de esta entidad estatal. En el año 2000 solo había 90 droguerías autorizadas, hoy superan las 400, sin duda no controladas, si no fuera así, habría que pensar que existe connivencia con esa entidad. Es muy llamativo que varias de estas droguerías fueran aportantes del 30% de lo recaudado en la campaña presidencial de Cristina Kirchner, cuyo recaudador era el Sr. Capacciolo que manejaba en ese momento la Superintendencia de la Seguridad Social, además, algunos de ellos están involucrados en el tráfico de la efedrina. ¿Nadie del Frente para la Victoria o del gobierno sabían quienes eran estos nefastos personajes? ¿ ¿no será que funcionaban como devolución de favores?
Este lamentable episodio que no tiene explicación alguna, pone en vigencia una vez más la importancia del estado como rector de todo lo concerniente a la salud de la población, y dentro de ello una política de medicamentos. La provincia de Entre Ríos perdió la oportunidad de tener un moderno laboratorio, -como tienen otras provincias- para elaborar medicamentos genéricos en la Ciudad de Federal, que por mezquindades políticas u otros motivos inimaginables fue desactivado cuando el avance de obra estaba en más del 70%, toda la aparatología, adquirida a través de Naciones Unidas, estaba paga en un 50%, y el otro 50% depositado para tal fin, con recursos humanos capacitados, con un proyecto minuciosamente estudiado, incluido el impacto ambiental, que iba a proveer 40 medicamentos genéricos, con insospechado control de calidad a todos los hospitales y centro de salud de la Provincia a un costo 5 veces menor que los de plaza, cuya proyección en 2 años era la provisión de la totalidad de los medicamentos hospitalarios incluido inyectables y sueros.
Todo esto fue destruido con fines inexplicables para la mayoría de los entrerrianos. Esto nos hubiera dado autarquía y autonomía en un tema tan caro como el medicamento, ahorro importante en el presupuesto de salud, posibilidad de poseer medicamentos de excelente calidad, hubiéramos evitado los lobbys de las droguerías y laboratorios privados, que muchas veces por negocios espurios e inescrupulosos terminan vendiendo medicamentos que en lugar de curar enfermedades matan a los pacientes: Estos hechos recientes nos dan la razón. Como también nos dan la razón los fallecimientos de embarazadas por inyección de Yectafer (medicamento antianémico ) hace algunos años.
Deberíamos meditar y preguntarnos quienes trabajamos en salud, por los fracasos de la medicación en algunas enfermedades si no fue ocasionado por medicamentos adulterados.
Las autoridades provinciales y nacionales no deben olvidar que el control y el poder de policía en tema de salud es una obligación indelegable del estado.
