El proyecto apunta a implementar un sistema que permita “promover y asistir” proyectos productivos cuyos integrantes accedan con él a la economía formal. Se trata de una “herramienta de apoyo” de emprendimientos productivos sociales, coordinada y sostenida desde el Estado Provincial y ejecutada por los municipios.
Para ello se crea un “fondo de promoción”, que estará incluido en cada presupuesto de la provincia como recurso específico y el monto inicial se fijará por vía reglamentaria al poner en marcha la ley.
Serán beneficiarios quienes pretendan realizar una actividad: “productiva, de servicios y/o de auto subsistencia” que necesiten “apoyo económico y/o capacitación para desarrollarla”. También apuntan a aquellos que “ya tienen un proyecto en marcha y requieran de apoyo para insertarse en la economía formal”.
También se contempla entre los beneficios el otorgamiento de un crédito reintegrable en forma mensual para los micro emprendedores que inician o continúan con una actividad económica.
Si se otorga un subsidio, está establecido que los beneficiarios deberán retribuir un porcentaje en especie del producido de su actividad. La legisladora puso a modo de ejemplo que una familia que produzca algún tipo de alimento (mermeladas o dulces característicos) podría disponer de una parte para distribuirlo en comedores estatales.
Los autores sostienen que en las provincias de Santa Fe y Córdoba, existen programas con similares objetivos. “Se han tomado elementos de cada uno para encontrar un sistema que pueda mantenerse en el tiempo favoreciendo a los emprendedores de nuestro territorio”, sostuvo.
Una de las novedades que ofrece es la creación de un “Registro Provincial de Emprendedores”, que será implementado por el Ministerio de Salud y Acción Social, para contar con “datos objetivos sobre quienes puedan alcanzar las ventajas del programa”.
El proyecto también establece que quienes aspiren a ingresar al sistema deberán presentar su proyecto a la comuna donde desarrollen la actividad. En la norma se establece que los municipios deberán adherir al programa para brindar sus beneficios a sus ciudadanos. Además, en caso de hacerlo, deberán ofrecer exenciones impositivas en clara señal de apoyo.
En el proyecto se contempla la capacitación necesaria para lograr el perfeccionamiento de una actividad o aprender otras. Los programas de capacitación se implementarán a través de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER, la que podrá firmar convenios con otras instituciones a estos efectos.
En cuanto a los fondos, el Estado quedará habilitado para celebrar convenios con organismos públicos o privados, o instituciones que “dispongan cooperar en la conformación del Fondo”. Podrán ser utilizados aportes de programas nacionales o internacionales “que observen semejantes finalidades” o fondos provenientes de otras fuentes no específicas.
Otra de las obligaciones emergentes para el Estado es la de proveer, a través de los organismos competentes, el acceso a la tecnología por parte de los emprendedores, tendiendo así a la inclusión en una economía más «competitiva y avanzada».
