“La presente ley tiene como objeto establecer la obligatoriedad del cobro y recupero financiero por parte de los establecimientos asistenciales de Salud Pública de la Provincia -Efectores Públicos- en concepto de servicios brindados a personas beneficiarias comprendidas en subsistemas de salud, tales como obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepaga, seguros de accidentes, administradoras de riesgos de trabajo u otras entidades similares”, dice el artículo 1° de la iniciativa que Amavet firmó con su par Jorge Maradey.
El texto establece que los servicios asistenciales que brinden los hospitales “serán gratuitos para todas aquellas personas que así lo requieran, que no posean recursos suficientes para cubrir los costos resultantes de tal atención y que no cuenten con cobertura social”. Pero en el caso de personas mutualizadas “serán atendidas y recibirán los servicios asistenciales que brinde el efector, sin perjuicio de la obligación del mismo de implementar el sistema de recupero de las sumas erogadas en la atención de las y los pacientes, de conformidad a la presente normativa”.
El sistema de arancelamiento, va de suyo, ya existe. Amavet plantea sin embargo que ahora se incorpora por ley un sistema de recupero que incluye vías prejudiciales y judiciales. También se ordena a los hospitales el cobro de atención a personas sin obra social “pero que posean recursos suficientes para cubrir los costos resultantes de la atención brindada en el efector, serán atendidas debiendo oblar, al momento de su externación, los aranceles correspondientes”.
El legislador asegura que lo que hoy ocurre es que en fines de semana, por ejemplo, los únicos servicios de salud con atención permanente son los hospitales públicos y ahí recae toda la demanda. “Pero el corazón del proyecto es agilizar el cobro y dar herramientas jurídicas a los hospitales para que hagan efectivo ese cobro. Sucede que a veces las obras sociales o prepagas tardan uno o dos años en pagar, en cambio al sector privado sí le pagan rápido. Al hospital público siempre lo bicicletean”, explica.
El proyecto de ley de arancelamiento con media sanción del Senado crea el Sistema Informático de Gestión y Control de Recupero Hospitalario, que tendrá la misión de “sistematizar la identificación de las personas con cobertura”, “garantizar la actualización periódica de los nomencladores”, “facturar los servicios asistenciales brindados por cada efector público” e “incorporar los convenios especiales”.
Fija además “la obligación de pagar” por parte de prepagas, ART y obras sociales por cada servicio que reciban sus afiliados en el sistema de salud pública, con exclusión de PAMI y el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). El dato que suma es que las facturas de pago que emita cada hospital vencerán a los 60 días, y antes de esa fecha deberán ingresar los montos al sistema público. Ante la falta de cancelación, se habilitan cobros prejudiciales y también judiciales.
“El sistema de atención de la salud en los hospitales públicos continúa siendo gratuito -apunta Amavet-. Lo que hacemos es simplemente agilizar los procesos de cobro de la atención que se da a obras sociales y prepagas. La idea es dar herramientas jurídicas para agilizar el cobro. Esas herramientas no están contempladas en el decreto que regula hasta ahora el arancelamiento. Me parece que contar con mecanismos prejudiciales y judiciales va a ser disuasorio y va a generar que las obras sociales cumplan con los pagos en tiempo, como lo hacen con el sector privado. A nadie le conviene judicializar”.
Respecto de la coparticipación de los montos percibidos por arancelamiento, Amavet asegura que se mantiene el mismo esquema que hoy rige por decreto y asegura que el cobro más ágil a prepagas, obras sociales y ART supondrá un beneficio para empleados y profesionales, que participan con un porcentaje en su distribución.
Los fondos de arancelamiento se reparten de la siguiente manera:
El 2% se destinará al Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos y será afectado a la conformación del “Fondo Compensador” cuyo destino será cubrir los desfasajes que en el nivel de recaudación por arancelamiento puedan tener los Efectores.
El 40% se destinará al pago de la coparticipación arancelaria hacia todo el personal efectivo o transitorio del escalafón general y enfermería que reúna las condiciones establecidas en la presente normativa.
El 28% será administrado por el Efector pudiendo destinar dichos fondos para gastos de mejoras edilicias, contratar servicios, capacitación docente técnica o profesional, locaciones de obra, adquisición de insumos, bienes de consumo y/o de capital para el efector.
El 30 % será destinado al pago de honorarios profesionales; de la carrera profesional asistencial sanitaria con el mismo criterio de distribución utilizado para la coparticipación arancelaria.
“Quizá en el presupuesto total del Ministerio de Salud los fondos de arancelamiento no sean tan significativos, pero esa plata que llega al hospital le rinde, le puede servir para comprar elementos, aparatología, es un estímulo también para el personal, que percibe un porcentaje”, apunta el legislador.
