El senador Ángel Giano señaló que hubo consenso sobre el proyecto en la comisión de Legislación General y pretende “darle entidad legislativa al Consejo, que tiene antecedentes en leyes nacionales, que surgieron ante un flagelo de violencia al que había que responder”.
Destacó el objetivo de prevención que tiene el proyecto y mencionó la Constitución Provincial que establece la igualdad de trato y el pleno ejercicio del derecho y le indica al Estado la necesidad de prevenir todo tipo de violencia, apuntando a eliminar la desigualdad de género.
Recordó políticas aplicadas en Entre Ríos en el 2008, desde el Estado con la participación e Organizaciones No Gubernamentales y las Universidades, que desarrollaron el primer protocolo del país en prevención de violencia infantil. Agregó que se llega en 2012 a un protocolo de prevención de la violencia, que alcanzaba a todos los organismos del Estado. Se llega al 2013 a la creación por decreto del Consejo de Prevención. Después mencionó la serie de derechos que se apunta a defender y la incidencia de los tratados internacionales que rigen en la materia.
“Hoy respondemos a un flagelo que amerita esta intervención legislativa, que permitirá profundizar el trabajo que se hace en Entre Ríos”, resaltó Giano, destacando el compromiso de la sociedad en la búsqueda de erradicar el flagelo de la violencia, lo que se vio reflejado en la movilización del último viernes.
Mencionó que la impulsora de toda la actividad, su profundización, fue la actual senadora nacional Sigrid Kunhat, que durante la anterior administración puso todo su esfuerzo para llevar adelante políticas públicas de prevención destinadas a erradicar hechos de violencia que laceran a nuestra sociedad, explicó Giano.
Por su parte el Senador Kisser dijo que “se ve en la ley un conjunto de buenas intenciones y creo que hay que instar a quienes conformen el Consejo, que no lo hagan en un espacio lleno de burocracia, sino que haya políticas efectivas para trabajar efectivamente en la prevención, que es lo esencial. Cuando el hecho pasó, muchas veces se pierde hasta una vida”, reflexionó.
Abogó por una amplia participación de la sociedad entrerriana y para lograr que se instale en la sociedad, porque la violencia es algo cultural, la necesidad de erradicar la violencia. “Son muchas las áreas que deberán poner su esfuerzo para alcanzar objetivos que son compartidos por todos”, acotó.
“Vamos a acompañar, con dudas, con reservas, pero creemos que puede ser un paso hacia adelante, buscando la prevención”, adelantó Kisser. Pidió que el Consejo “trabaje sobre el conflicto real y aporte las mejores ideas posibles para erradicar una violencia que ha crecido en los últimos tiempos”.
El proyecto
El CO.PRE.V tendrá asiento en la ciudad de Paraná, con competencia en todo el territorio de la Provincia y operará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, será dirigido por un presidente y un secretario general designados por el Poder Ejecutivo.
Tendrá representación en cada uno de los departamentos, reveló el miembro informante. Dijo que es necesario pensar en contar con más hogares, sobre todo para realizar una mejor prevención.
El proyecto propone la creación de una mesa intersectorial como órgano honorario, con especialidad en la materia, conformada por: un representante de cada uno de los Ministerios; un representante de cada una de las Cámaras del Poder Legislativo Provincial; un representante del Poder Judicial; un representante del Ministerio Público de la Defensa; un representante del Ministerio Público Fiscal; un representante por las entidades sindicales o gremiales; un representante por cada Universidad; un representante por cada Colegio de Profesionales afines y un representante por cada organización no gubernamental dedicada a la temática, quienes revistaran la calidad de consejeros. Estos consejeros desarrollaran sus tareas ad-honorem.
El proyecto del Poder Ejecutivo ingresó al Senado en diciembre de 2015 y deja bajo la órbita del CO.PRE.V. el “Hogar de Protección Integral para mujeres en situación de Violencia de Paraná”, conforme al convenio celebrado con el Consejo Nacional de las Mujeres, ratificado mediante Decreto 3071/13, y todos aquellos que se creen en el territorio provincial
Funciones y facultades
Se propone en el proyecto que el CO.PRE.V tenga las siguientes funciones y facultades:
a) Desarrollar y diseñar políticas públicas de carácter institucional destinadas a promover la igualdad de género y contribuir a la eliminación de toda forma de discriminación;
b) Propiciar la promoción y fortalecimiento de acciones y estrategias vinculadas a la prevención, protección y asistencia integral de las situaciones de violencia;
c) Promover el trabajo articulado, la participación, la corresponsabilidad y la comunicación fluida entre los distintos organismos y entidades gubernamentales y no gubernamentales;
d) Construir el segundo nivel de intervención, teniendo como objetivo brindar asesoramiento y asistencia integral a personas, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, equipos técnicos de reparticiones públicas y privadas, en temas vinculados a la violencia y promoción de los derechos humanos de los sectores vulnerables;
e) Realizar convenios de cooperación y asistencia recíproca con organismos internacionales, nacionales, municipales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, entidades gremiales, colegios de profesionales, a fin de concretar su cometido;
f) Gestionar y organizar actividades de sensibilización, concientización, capacitación y entrenamiento asociadas a la temática;
g) Realizar todas las acciones cuya naturaleza permita optimizar, profundizar y avanzar en el abordaje de la problemática de la violencia y la transversalización de las políticas de género;
h) A través de la Mesa Intersectorial se encargara del Estudio, Análisis y Revisión y seguimiento de las políticas públicas, protocolos, y demás dispositivos vigentes y a crearse, sus ejes temáticos, de las acciones intermedias que se desarrollen en virtud de la aplicación de los mismos;
i) Asesorar al Ejecutivo y Legislativo Provincial, proponiendo el desarrollo de acciones en el ámbito de su competencia y la sanción de normas de nivel provincial en temas vinculados a la presente ley.
Una vez puesto en funcionamiento el Consejo, propondrá su reglamento de funcionamiento y organización interna, el que deberá ser aprobado por el Poder Ejecutivo.
