En lo que va de este año, ya se eliminaron o suspendieron 83.133 pensiones a discapacitados (71.706) y madres con más de siete hijos (11.427). En la mayoría de los casos las suspensiones fueron sin aviso y el beneficiario se enteró al ir a cobrar la pensión al banco. “Hoy hay es más de un millón de pensiones, no solo seguimos trabajando, sino que se siguen dando altas todos los meses y las personas pueden presentarse en las oficinas de pensiones que hay en todo el país y generar esas altas”, indicó Stanley al ser consultada por el tema. Luego se mostró “enojada” por las denuncias de recortes. “Lo que se busca, con denuncias sobre la eliminación de pensiones, es hacer una utilización política y generar pánico en la gente”, agregó. El argumento es similar al de la campaña electoral cuando acusaron al kirchnerismo de llevar adelante una “campaña del miedo”.
Sin embargo, luego de un año y medio de Gobierno las críticas no son por lo que podría llegar a pasar sino por lo que está sucediendo. Por lo tanto, cuando empezaron a aparecer los perjudicados por la quita de las pensiones a Stanley no le alcanzó con decir que se estaba tratando de generar pánico y tuvo que reconocer el hecho, aunque atribuyó lo sucedido a “errores” en el proceso de evaluación de las pensiones. “Somos un ministerio de puertas abiertas, dispuesto a rever todos esos casos en los que se cometió un error. Los vamos a corregir”, comentó.
El titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), Guillermo Badino, subordinado de Stanley, no había sido tan contemplativo el martes. “Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad. Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”, declaró Badino para justificar el ajuste sobre sectores vulnerables.
Dos organizaciones sociales y legisladores de Río Negro presentaron el martes ante la Justicia Federal de Viedma un amparo colectivo para frenar el recorte que lleva adelante el Gobierno. El amparo redactado por el diputado rionegrino Martín Doñate (FpV) fue presentado ante la jueza federal de Primera Instancia de Viedma, Mirta Filipuzzi. El escrito tiene como antecedente la cautelar presentada la semana pasada en la Justicia Federal de General Roca por Miguel Bravo, de 62 años, quien perdió uno de sus brazos hace 40 años y percibía ese beneficio desde 2010. En abril Desarrollo dispuso dejar de pagarle 6000 pesos mensuales. El juez federal Hugo Greca aceptó el amparo individual y exigió la restitución de la pensión.
