LA CORRUPCIÓN JUDICIAL DESBORDADA, NOS PONE AL PUNTO DE LA DISOLUCIÓN COMO DEMOCRACIA
Es evidente que, si una de las tres patas de la institucionalidad falla, se cae la mesa, y cuando decimos la mesa hablamos de la democracia. Y no pienso hablar de la legitimidad de las causas contra CFK y funcionarios de su gobierno. Ni tampoco del viaje de los jueces/fiscales y funcionarios, organizado por Clarín a la estancia de Lewis para acordar las estrategias de acoso legal a la oposición, ni tampoco de las probanzas sostenidas con la fotocopia de un cuaderno tachado y corregido para implicar a cualquiera que se atreviese a no sumarse a las denuncias dibujadas en él. Ni a los fiscales que con total impunidad se niegan a concurrir al congreso a dar explicaciones. Ni tampoco a los jueces de la suprema corte que aprovechan su posición para favorecer a sus clientes privados sin excusarse. Bochorno tras bochorno que se suceden diariamente corriendo la vara de la degradación institucional a niveles que jamás hubiéramos sospechado hace apenas cuarenta años cuando recuperamos la democracia. Ni tampoco lo hubiera sospechado Raúl R. Alfonsín, el demócrata por antonomasia del ultimo medio siglo argentino, y mucho menos del rol presente de la divisa política a la que el entregó su pasión y su honestidad republicana. Ni del ‘nuevo’ incendio de los depósitos de Iron Mountain, la empresa yanki donde toda la corrupción argentina deposita sus comprobantes fiscales y legales, tal marca la Ley, para que puedan ser inspeccionados cuando así lo dispongan los organismos de fiscalización, pero que periódicamente prenden fuego para que desaparezcan las pruebas de sus crímenes. Ni de la cobardía del Poder Ejecutivo para tomar el toro por las astas y vía decretos, anular sus ídem del gobierno anterior y proponer una normalización, que a esta altura de los hechos no solo es necesaria: es imprescindible para poder seguir funcionando como país democrático.
Pero no, no voy a hablar de nada de eso, solamente me voy a referir a lo de hoy, la noticia que nos revela que P. Bullrich cito a su despacho a una de las secretarias del diputado del PRO-Radicalismo, Gerardo Milman, para borrarle con el auxilio de un experto la información de su teléfono celular.
La denunciante se presentó en Comodoro Py para declarar que no borró de forma voluntaria todo lo que había en su celular tras el intento de asesinato de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sino que fue llevada a las oficinas de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, donde un perito eliminó todo lo que había en su dispositivo, en el de la otra secretaria y en el de Milman.
¿Se aclarará esta gravísima acusación? La jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti ha demostrado reiteradamente que no le interesa aclarar el intento de magnicidio, que lo único que le interesa es destruir las pruebas que incriminan a los criminales y a los inspiradores.
Una vez más: me da pánico que mis nietos amanezcan al vida en un país donde Patricia Bullrich podría ser presidenta y donde María Eugenia Capuchetti es jueza, un país donde no exista la justicia y por lo tanto la democracia.
