En rigor, buscan conocer la situación del bosque nativo en la provincia y cómo se ha avanzado en los cumplimientos pautados a partir de la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales del Bosque Nativo.
También se destaca en la nota presentada el artículo 7º de la mencionada Ley donde se deja claro que “una vez cumplido el plazo establecido en el artículo anterior (Art. 6º), las jurisdicciones que no hayan realizado su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo de utilización y aprovechamiento de los bosques nativos”; y el 8º que reza que “durante el transcurso del tiempo entre la sanción de la presente ley y la realización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, no se podrán autorizar desmontes».
Desde la Fundación hacen hincapié en que en el último tiempo no han sido conformados espacios de participación ciudadana en esta materia “que como es de conocimiento público, se originaron y deben realizarse conforme, y a partir, del fallo judicial del año 2004, sentencia que ahora ha sido replicada en todo su contenido y más por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso paradigmático como es el de la provincia de Salta”, manifestó el Dr. Jorge Daneri, miembro de M’Biguá.
La solicitud de informe presentada por la Fundación M ’Biguá se enmarca en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental.
