La novedad trascendió a través de un comunicado de prensa que lleva la firma de Carlos Guillermo Reggiardo, presidente de la Juventud del Peronismo Disidente y apoderado legal de Unión Provincial. En la misma gacetilla Reggiardo señaló que la Justicia Federal tiene el poder de policía de los partidos políticos. “Esta resolución de Cámara dispone la inscripción y oficialización de las candidaturas en su totalidad, nacionales, provinciales y municipales, todo lo cual se procederá en el curso de esta tarde con habilitación de día y hora”, dijo.
Maya viene sosteniendo una pulseada con la titular del STJ (Superior Tribunal de Justicia), Leonor Pañeda, para que se verifique el tiempo y las circunstancias en que fue designada asesora legal, durante el gobierno de la última dictadura cívico militar. El ex legislador presentó el caso en Jury de Enjuiciamiento, instancia en la que se desarrollan juicios a magistrados y funcionarios porque, de acuerdo a la Constitución provincial, quienes cumplieron cargos de responsabilidad política en la dictadura no pueden ocupar funciones de gobierno en un gobierno democrático.
Por su parte, Alasino, procesado en la causa que investiga presuntos sobornos en el Senado Nacional durante la presidencia de Fernando de la Rúa, ahora está encolumnado detrás de la candidatura presidencial de Alberto Rodríguez Saá. Y afirmó a principios de junio a Télam que hace 11 años que está esperando el juicio para poder demostrar su inocencia y se quejó de que todavía permanece procesado y sin poder salir del país.
A fines de mayo, el Tribunal Oral Federal Tres determinó, once años después de que ocurrieran los hechos, que el juicio por la causa comenzará el próximo 22 de noviembre. Además de Alasino, están procesados el ex presidente Fernando de la Rúa; el ex jefe de la SIDE, Fernando de Santibáñez; el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique; y los ex senadores peronistas Alberto Tell, Ricardo Branda y Remo Constanzo, además del «arrepentido» Mario Pontaquarto.
