Tras la denuncia el canciller brasileño, Luiz Alberto Figueiredo, convocó hoy de urgencia al embajador canadiense, Jamal Khokhar, a quien por medio de una carta le transmitió «indignación» ante los datos y le manifestó su repudio a esa «grave e inaceptable violación de la soberanía nacional y de los derechos de personas y de empresas» del país.
De acuerdo al reportaje, los servicios de inteligencia canadienses, en colaboración con la NSA de Estados Unidos, elaboraron un detallado mapa de las comunicaciones que tuvo el ministerio con organismos y empresas de otros países y además recopilaron datos de teléfonos y correos electrónicos.
La presidenta brasileña consideró estas denuncias más graves incluso que el espionaje realizado por la NSA a la propia Rousseff y a sus asesores personales, también revelado por la prensa brasileña a partir de los documentos secretos en poder de Snowden.
Para Rousseff, este nuevo caso «confirma las razones económicas y estratégicas por detrás» de estas operaciones de espionaje lideradas por Estados Unidos, país que justifica las operaciones de la NSA por su lucha contra el terrorismo.
En esa línea, la mandataria comunicó ayer a través de la red social Twitter que presentará ante la ONU un modelo de regulación basado en el proyecto de Marco Civil de Internet, enviado por su gobierno al Parlamento, con lo cual pretende «ampliar la protección de la privacidad de los brasileños».
Así, Rousseff retomó los argumentos que ella misma difundió el mes pasado cuando pronunció el discurso inaugural de la Asamblea Anual de la ONU, en Nueva York, donde consideró el espionaje como «una violación» de la soberanía de su país, «una afrenta» y «una falta de respeto» que no puede justificarse en la lucha contra el terrorismo.
Las primeras sospechas sobre espionaje industrial surgieron el mes pasado, cuando los documentos de Snowden revelaron que la NSA capturó datos de las comunicaciones de la petrolera Petrobras, compañía con importantes yacimientos en el litoral brasileño.
La directora de esa compañía, Maria das Gracas Foster, declaró hoy que «las grandes reservas de hidrocarburos» causan interés en otros países y esto explicaría los numerosos casos de espionaje revelados por Snowden.
Según Rousseff, «todo indica» que los datos secretos espiados a Brasil han sido puestos a la disposición de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda y a «miles de empresas» de estos cinco países, lo que consideró «inadmisible» entre países que pretenden ser socios.
«Es urgente que EE.UU. y sus aliados cierren sus acciones de espionaje de una vez por todas», dijo la mandataria en Twitter.
Al respecto, el ministro de Minas y Energía, Dison Lobão, anunció que ordenó un refuerzo riguroso de los sistemas de seguridad de sus comunicaciones y un análisis de los documentos que hayan podido ser espiados, reseñaron Ansa, DPA, EFE y Agencia Brasil.
Esa cartera regula las concesiones petroleras, de yacimientos minerales, las obras de las grandes hidroeléctricas y de gestionar todo el sistema eléctrico del país.
También se pronunció hoy el vicepresidente de Brasil, Michel Temer, quien calificó de «muy indeseable el espionaje energético realizado por Estados Unidos y Canadá a Brasil», al tiempo que demandó una intervención de los organismos internacionales.
«Brasil ya dio una palabra sobre este tema y esperamos que los organismos internacionales cuiden de este asunto con la seriedad que merece», dijo Temer, quien se encuentra de visita Portugal, según reseñó la agencia Prensa Latina.
Debido a la sospecha de espionaje y por entender que el gobierno del presidente de EEUU, Barack Obama, no dio suficientes explicaciones, la mandataria brasileña decidió postergar la visita de Estado que haría a Washington el 23 de octubre.
