Mediante un proyecto de declaración que tomó estado parlamentario en la sesión de este jueves 8 de octubre (expte. Nº 24523), y será analizado en las comisiones de Legislación General y de Trabajo, el legislador fundamenta el pedido en que se torna “imprescindible tomar todas las medidas que fueren necesarias para intensificar la actividad estatal”, teniendo en cuenta “la suspensión o reducción casi continua de la actividad administrativa” en el marco de la pandemia por coronavirus.
En ese contexto, la iniciativa propone que los distintos órganos del Estado provincial adopten una serie de “medidas tendientes a aumentar la productividad”, tales como la “suspensión de feriados provinciales y la aplicación de un criterio restrictivo, que responda a lo estrictamente esencial, a la hora de determinar asuetos administrativos”.
El impacto de la pandemia determinó la “suspensión o reducción casi continua de la actividad administrativa” produciendo “un gran desfasaje entre la prestación de bienes y servicios públicos y la erogación que los mismos representan, tornándose necesaria la adopción de medidas para paliar la mencionada brecha”, expresa Mattiauda en los fundamentos.
Y agrega: “Lo contrario, supondría maximizar el ya existente déficit de un Estado provincial caracterizado por tener una enorme planta de empleados y contratados –de las más grandes del país–, que a mediano o largo plazo terminará repercutiendo nuevamente en un aumento de la presión impositiva”.
El diputado del Pro, integrante del interbloque Cambiemos, considera que “es momento de que el Estado provincial demuestre un gesto de solidaridad social” con los contribuyentes, especialmente con quienes “aportan o aportaron a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, a los cuales se les ha exigido en más de una oportunidad esfuerzos extraordinarios”.
Plantea además que el correcto funcionamiento de la administración pública “favorece el desarrollo de otros sectores productivos” vinculados a la misma, como el transporte, la gastronomía y la industria, entre otros. “Se trata de actividades prestadas, en muchos casos, por empresas o personas físicas que desarrollan dichas tareas y que requieren de cierta continuidad en el funcionamiento estatal para subsistir”, puntualiza el diputado en los fundamentos del proyecto.
