Aunque no terminó de estudiar todos los casos, Mattiauda sostuvo que ninguno de los casos terminó en crímenes por parte de quienes recibieron el beneficio de las salidas transitorias. No obstante, lo que sustenta la presentación es que Rossi desoyó a las recomendaciones de los peritos.
Sin embargo, aunque no integra la lista entregada, un caso que tuvo repercusión pública fue hace más de dos años. Sucedió en 2013 y el acusado no salió de la cárcel sino que tenía el beneficio de las visitas santarias. “Es el caso Schiaffino que termina con la muerte en una celda en una visita sanitaria”, dijo Mattiauda. “Schiaffino estaba dentro del servicio penitenciario, tal vez no le cabe la misma responsabilidad pero el tema de la visita sanitaria sería un tema a analizar”, indicó el senador.
Jésica Beatríz Ocampo, de 23 años de edad, fue asesinada el 12 de febrero de 2013 en el interior del Sector Unidad Familiar con hijo, de la Unidad Penal Nº 2 “General Francisco Ramírez” de la ciudad de Gualeguaychú. El victimario fue Juan Marcelo Schiaffino, de 38 años, el interno que al momento del asesinato estaba cumpliendo una condena de 13 años y cuatro meses de prisión efectiva a disposición del juez Carlos Rossi, por los delitos de “lesiones leves, privación ilegítima de libertad calificada, en concurso real con amenazas, concursadas realmente con lesiones leves, en concurso real con promoción de la prostitución, en concurso ideal con rufianería”.
El crimen ocurrió entre la madrugada y las primeras horas de la mañana del 12 de febrero. En el mismo lugar donde la pareja estaba haciendo uso del beneficio legal se encontraba la pequeña hija de la mujer, de dos años de edad. Ocampo fue blanco de múltiples golpes de puño y puntapiés, que le ocasionaron graves lesiones externas e internas, a las que se sumó un estrangulamiento. El cuerpo sin vida de la mujer fue hallado por personal del Servicio Penitenciario de la UP 2, en el interior del dormitorio del sector, sobre la cama de dos plazas allí ubicada.
La presentación de los 93 casos da más sustento a la primera denuncia. Mattiauda dijo que luego el Jurado de Enjuiciamiento tendrá que evaluar la conducta del juez. “Nosotros no estamos para juzgar la actitud que, desde mi punto de vista, puede ser reprochable. Pero tenemos la obligación de adjuntar prueba que constituyen elementos para evaluar cual ha sido la conducta del magistrado en un Juzgado tan importante como es el de Ejecución de Penas”, señaló.
El Jurado de Enjuiciamiento se reunió esta semana. DIARIOJUNIO intentó comunicarse con el presidente del mismo, el diputado Diego Lara (FPV-María Grande) quien prefirió no hacer declaraciones. De todas maneras, se sabe que el juez ya fue notificado del proceso. Mattiauda dijo que esperaba que el juicio no dure más de seis meses. De todas maneras, indicó que se debe analizar si se unifican todas las denuncias en una sola acción o si se van a tratar por separado. A la de Mattiauda se añadió otra del senador Aldo Ballestena (FPV-La Paz), otra de los bloque del FPV y de Cambiemos y una de Red Alerta Entre Ríos.
Más adelante, Mattiauda dijo que hay un conjunto de situaciones que deben analizar en forma paralela. En primer lugar, dijo que se deben reglamentar con urgencia leyes sancionadas que no tienen cumplimiento efectivo.
Al mismo tiempo, dijo que se debe analizar la capacidad que tiene el servicio penitenciario. Muchas veces se ven obligados “los jueces o presionados para tomar decisiones justamente por el hacinamiento que se da en las cárceles”. Por ello, anticipó que presentarán un pedido de informes al ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, por ese tema. Pero, de igual forma, manifestó que el sistema carcelario es “viejo” y esta “vetusto”.
En ese sentido, dijo que “muchos legisladores están planteando que los delitos sexuales no tengan excarcelación”. Por ende, dedujo que se debe pensar en ampliaciones o cárceles nuevas. La misma pregunta conlleva la posibilidad de sancionar una ley de narcomenudeo. En ese caso, un delito que hoy están a cargo de la Justicia Federal pasarían al ámbito de la justicia ordinaria. “Si avanzamos en eso, tenemos que pensar cuál es la capacidad que tenemos para poner presos a quienes cometan ilícitos de esas características”, señaló.
De la misma forma, mencionó que pretende saber cuál fue el desempeño del Patronato de los Liberados, si cumplía con el seguimiento del interno, si pueden certificar el tratamiento de rehabilitación sexual y de adicciones en el caso de Sebastián Wagner. Asimismo, dijo que presentarán una nota ante el Superior Tribunal de Justicia para saber cuál fue el desempeño de los fiscales en el caso Wagner.
Por otra parte, el senador señaló que sin la dotación de personal apropiada en el Servicio Penitenciario ni los recursos tecnológicos para identificar hechos como el de Wagner en la tercera denuncia en su contra donde fue absuelto por el beneficio de la duda cuando acusa al hermano y no se puedo avanzar con el análisis de los datos genéticos.
Por último, sostuvo que el paso del tiempo “pone los hechos en perspectiva y clarifica las cosas” para que la evaluación del desempeño del juez sea objetiva. Por ello, indicó que apurar el enjuiciamiento puede tener una connotación política y una presión social que le quite objetividad al análisis. Por ello, pidió despojarse de las presiones sociales para hacer un análisis minucioso del desempeño del juez sin dejar de lado el examen de la situación que llevó al juez a tomar la decisión. “Viendo la responsabilidades de los legisladores, del Ejecutivo: en definitiva del todo el sistema de justicia y seguridad”, dijo.
