Cientos de personas, y una proporción demasiado alta de policías, coparon anoche la esquina de Brasil y Perú, frente a la sucursal de Coto, para exigir justicia por Vicente Ferrer: el hombre de 68 años que murió por los golpes recibidos por personal de ese supermercado, luego de que presuntamente intentara irse sin pagar un aceite, un queso y dos chocolates.
La Justicia confirmó que la muerte de Ferrer se produjo por “un traumatismo craneoencefálico” que le provocó derrame cerebral. Ante la convocatoria de protesta, la sucursal de Coto cerró sus puertas mucho antes de lo habitual, según consignó Página 12. Además, una guardia de la Policía de la Ciudad se instaló en la puerta principal, como “prevención de posibles desbordes”. Fue la única respuesta del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tras el crimen.
"Cuando nos enteramos de lo que había pasado, nos movilizamos junto con el Centro de Salud, Patria Grande, La Cámpora y otras organizaciones, porque no podemos permitir que la violencia institucional se naturalice en nuestro barrio", dijo Eva, de la Olla Popular Parque Lezama, en diálogo con Página 12. Otro vecino, Roberto, agregó que Ferrer "vivía con su esposa en un PH de Defensa al 1300, donde hay siete departamentos con otras tantas familias. Yo lo veía todas las semanas y no me parece que tuviera ningún problema de demencia senil ni que haya sido una persona violenta que pueda haber puesto en peligro a la guardia de seguridad. Era una persona delgada, no muy alto… qué peligro pudo significar para que lo maten como lo mataron", se preguntó.
Varias veces durante la concentración los oradores, vecinos y representantes de distintas organizaciones, apuntaron a la responsabilidad del supermercado Coto por lo sucedido, pero “enmarcado en la política represiva que instalaron en la Ciudad y en el país el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich”.
Horas antes del encuentro, la legisladora Paula Penacca –de Unidad Ciudadana- había advertido que, a partir del rol de control de la Dirección General de Seguridad Privada del Gobierno de la Ciudad, “Larreta y Santilli tienen la responsabilidad de regular y controlar la seguridad privada en CABA. Deben explicar qué pasó y como evitar que vuelva a suceder”. Por eso, anunció la presentación de un pedido de informes en la Legislatura.
