La Ley 26.377 estableció que los “CCG son acuerdos surgidos de la voluntad de las partes, entidades gremiales representativas de los trabajadores y productores de la actividad rural, por los cuales se acuerda reemplazar el pago mensual de aportes y contribuciones destinados a la seguridad social por un pago diferido, que se realiza en el momento más adecuado del proceso productivo”. El principal objetivo de este instrumento es el “efectivo acceso a la cobertura de los subsistemas de seguridad social, para el trabajador y su familia”.
Los CCG firmados esta semana abarcan a 4000 trabajadores de la industria forestal del Chaco, 3000 empleados del sector ganadero chaqueño, 1000 trabajadores laneros de Chubut, 12.000 del sector hortícola de la provincia de Buenos Aires y 30.000 cosecheros de limón de Tucumán. “Estos acuerdos apuntan a cambiar la vida de los trabajadores para que sean sujetos de derecho y permiten estimular al sector empleador para que también se sume a esta campaña”, agregó Tomada.
El artículo 34 de la reciente Ley 26.940, de “Promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral”, establece la reducción del 50 por ciento de las contribuciones patronales para el primer ciclo de vigencia de los convenios de corresponsabilidad y del 25 por ciento para el segundo ciclo de vigencia, con posibilidad de una prórroga, teniendo en cuenta las circunstancias de cada sector.
La tarifa sustitutiva se establece como una relación que contempla la cantidad de mano de obra empleada y su remuneración con el volumen de producción esperada para cada actividad. Una vez calculada la remuneración, se aplica sobre ella la alícuota vigente de cotización de la seguridad social.
En 2011, el promedio mensual de puestos laborales bajo la modalidad de CCG fue de 826. Al año siguiente alcanzó a 26.279. En 2013 hubo un incremento exponencial al llegar a 56.064 empleados y en lo que va de este año treparon a 58.998. Entre 2011 y 2014, el sector forestal chaqueño incrementó sus Convenios de Corresponsabilidad Gremial en un 180 por ciento. El sector tabacalero también del Chaco creció en el mismo período un 156 por ciento.
Desde el Ministerio de Trabajo calificaron la medida de “innovadora”, porque “elimina la competencia desleal que sufren aquellos productores que cumplían con sus obligaciones” frente a quienes mantenían trabajadores en negro. A su vez, la cartera que dirige Tomada destacó que estos instrumentos permiten incrementar la base de representación de las organizaciones sociales, “al fortalecer a las obras sociales con los nuevos aportes y contribuciones”.
Los convenios fueron suscriptos con los sectores forestal y ganadero de Chaco, con la Asociación Tucumana de Citrus, la Federación de Sociedades Rurales de Chubut y el sector hortícola de la provincia de Buenos Aires.
“Se trata de incentivos alineados para garantizar la inclusión social y el desarrollo armónico entre los distintos actores. Estamos reivindicando una política pública que ha pensado en el empleado rural como un eslabón débil de la cadena”, concluyó Tomada.
