“Nosotros el día lunes en la Estación Norte atendimos a 4073 vecinos que mostraron con recibo de sueldo y certificado de finalización de zafra”, expresó Loggio. La Provincia tomó nota de la documentación y desde la subsecretaría se están haciendo algunas correcciones que solicitaron. Las rectificaciones serán entregadas mañana seguramente para que el lunes se pueda firmar el decreto.
Entre los motivos por los cuales no se les abonó la ayuda solicitada son varios. “El lunes en la medida en que fuimos trabajando y tomando datos de la gente fuimos viendo que había algunas empresas que directamente no habían dado la baja en la Anses; no aparecían como desocupados”, sostuvo el funcionario. Son muchas empresas las que no cumplimentaron ese requisito y cuando el Ministerio de Trabajo confeccionó el padrón descartó a quienes, en los papeles, seguían ocupadas.
La lista relevada en la Estación Norte supera y casi duplica al padrón de beneficiarios que se le abonaron los $225 el martes que llegaba a 2580 cosecheros.
Ahora resta que la Provincia dicte el decreto correspondiente para que se proceda al pago que desde la municipalidad estiman que se llevará a cabo el día martes. La duda que surge de inmediato apunta a saber que resolución adoptará la Nación, que debe abonar dos cuotas de $ 225 durante enero y febrero, con los cosecheros incluidos en este segundo padrón. “Es un desafío porque nosotros se los estamos planteando a la Nación que esotros revelamos sea incorporada. Pero es una decisión que va a tomar el ministerio de Trabajo”, dijo.
“Estamos seguros que al haberse incorporado un montón de empresas más, la Anses va a tomar de esos 4073 un grupo importante pero no estoy seguro de cual va a ser el número final”, indicó.
Por último, el subsecretario indicó que están pasando listas a la Dirección de Trabajo a nivel provincial de las empresas donde trabajaron los empleados que no podían acreditar recibo de sueldo alguno. En consecuencia, queda claro que trabajaron de manera informal. De ahora en más, Trabajo debería actuar para localizar a los empleadores y actuar con el procedimiento de rigor. De todas maneras, Loggio indicó que de las 4073 personas, apenas 200 debieron llenar una declaración jurada donde acreditaban que habían trabajado “en negro”. “Estamos hablando del 5 %”, expresó.
