Cuando restan cuarenta días para el vencimiento de la concesión por peajes de las tareas de dragado y balizamiento del río Paraná, hoy en manos del consorcio Hidrovía S.A., referentes políticos, sindicales, sociales, empresariales, religiosos, juristas, académicos, artistas y periodistas reclamaron que el Estado asuma el control y la administración de la ruta fluvial más importante del país, ejerza el cobro del peaje y avance en la construcción del Canal Magdalena.
“Hoy nos encontramos ante la oportunidad de retomar el control del Paraná -un canal crucial para el comercio exterior argentino por el que circula la mayor parte de nuestras exportaciones e importaciones- elevando bien alto la bandera de nuestra soberanía”, destaca la Proclama 20 de junio ideada por el “Grupo 25 de mayo”, que debe su nombre a aquella otra fecha patria de este año en la que se manifestó a favor de priorizar la salud de los argentinos antes que el pago de la deuda externa.
La “Proclama del 20 de Junio” se inscribe en el debate sobre qué sistema aplicar para la explotación comercial del río Paraná. El 30 de abril el gobierno prorrogó la actual concesión por un plazo de noventa días, para luego llamar a una licitación de fondo.
“El próximo 30 de julio se abre la oportunidad de recuperar, para el Estado y para todos los argentinos y las argentinas, el imprescindible control y administración de la ruta fluvial más importante del país”, subraya el Grupo 25 mayo.
“El fin de esta concesión en nuestro Paraná abre la posibilidad de que el Estado, y con él, el pueblo argentino, recupere el control y la administración en un ámbito estratégico, desandando el camino de las riquezas de la década del 90”, puntualizó la diputada Fernanda Vallejos, una de las impulsoras de la iniciativa.
Pedro Wasiejko, presidente del Astillero Río Santiago, subrayó la importancia de recuperar y desarrollar la industria naval, otro de los ejes de la Proclama. Recalcó que, “en la medida en que se pueda recuperar y avanzar” en fortalecer la soberanía sobre el río Paraná, “la reconstrucción de una flota naval lleva implícito el desarrollo de una industria naval eficiente, competente y mirando el Siglo XXI”.
Los pedidos de la Proclama
En esta nueva oportunidad, el Grupo 25 de mayo pidió retomar el control y la administración estatal de la red troncal, que el menemismo dejó en manos del consorcio Hidrovía S.A., integrada por la dragadora belga Jan de Nul y la argentina encargada del balizamiento, Emepa.
Para esto, plantearon la asistencia de la Administración General de Puertos (AGP), con intervención del recientemente creado Consejo Federal de la Hidrovía y de la Comisión Bicameral de seguimiento, control de la licitación y funcionamiento de la Hidrovía y del Sistema de Navegación Troncal con jurisdicción en la República Argentina, que cuenta con media sanción del Senado de la Nación.
Asimismo, considerando la brevedad de los plazos, pidieron diseñar una estrategia por etapas, que contemple acciones, por un lado, para el corto plazo, y, por el otro, para el mediano y largo.
Bajo el lema “nos une la bandera del Paraná soberano”, a su vez abogaron por la revisión y optimización de la operatoria del sistema en su conjunto. En particular, “optimizar los mecanismos de fiscalización aduaneros, impositivos y del tránsito fluvial, con el objetivo de ejercer un efectivo monitoreo y control de la actividad portuaria y del tráfico comercial”, para combatir prácticas ilegales como la subdeclaración de exportaciones, sobrefacturación de importaciones o el contrabando, así como del tráfico ilícito.
Además, buscan impulsar “la creación de un organismo de control y una base federal de información centralizada que provea todos los elementos necesarios para un efectivo monitoreo y control de las tareas de dragado y balizamiento, y del tráfico fluvial”.
La relevancia estratégica de este corredor radica en que por allí se transportan grandes volúmenes de carga los 365 días del año, ubicando a la Argentina como uno de los principales proveedores mundiales de materias primas y derivados.
Por este motivo, la “Proclama del 20 de Junio” reclama también ejercer el cobro de peajes en el tránsito fluvial, a partir de lo cual el Estado podrá invertir en el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y tecnología propias.
Otros ejes de la Proclama apuntan a concretar la puesta en marcha del canal Magdalena, y revisar integralmente la Ley Nacional de Puertos y las Leyes de Promoción de la Industria Naval Argentina y de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional e Integración Fluvial Regional.
La importancia de la vía troncal para el desarrollo económico y social del país se refleja en que durante el período 1989-2010, el transporte de mercaderías pasó de 700.000 a casi 17,4 millones de toneladas por año, para continuar creciendo en forma exponencial, hasta superar, en la actualidad, las 100 millones de toneladas anuales. Así lo precisó un informe de Proyecto Económico y el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE).
“Como en 1812, cuando el general Manuel Belgrano por primera vez izó la bandera nacional a orillas del río, hoy el Paraná sigue siendo ámbito de debate y acción imprescindible para afirmar, con la fuerza y la dignidad histórica del pueblo argentino, la soberanía nacional”, concluye la “Proclama del 20 de Junio”, concebida e impulsada por el Grupo 25 de Mayo.
Referentes que sumaron sus adhesiones
La diputada Fernanda Vallejos, el senador Jorge Taiana, el secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, el titular de la CTA y también diputado nacional, Hugo Yasky y el exministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, encabezaron la iniciativa a la que adhirieron dirigentes de peso como el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti; Juan Carlos Schmid, secretario general de Dragado y Balizamiento y de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FEMPINRA), el dirigente social y sindical Pablo Micheli y los dirigentes sociales Juan Carlos Alderete, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y actual diputado nacional, y Juan Grabois, titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
Sumaron su firma también Roberto Andrés Gallardo, presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, promovido por el Papa Francisco; el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen; el titular de la Sociedad Rural (SRA) de Córdoba, Pedro Salas y el también referente rural Pedro Peretti. Acompañaron a su vez el histórico dirigente peronista Carlos Kunkel y una docena de legisladores, entre ellos el diputado nacional y exgobernador de San Juan, José Luis Gioja y la senadora nacional por Santa Fe, María de los Angeles Sacnún, además del diputado del Parlasur Gastón Harispe. También adhirieron el juez Juan Ramos Padilla y los constitucionalistas Jorge Cholvis y Eduardo Barcesat, los artistas Cecilia Roth, Liliana Herrero, Luisa Kuliok, Katja Alemann, Ignacio Coppani, Marian Farias Gómez, entre otros, además de intelectuales como Mempo Giardinelli, activo defensor de la causa “del Paraná”, el ex canciller Rafael Bielsa, el psicólogo Jorge Alemán, el historiador Norberto Galasso y los sociólogos Atilio Borón y Mónica Peralta Ramos; y el General retirado Roberto Bendini, recordado por ser quien bajó el cuadro de Videla de la ex ESMA, por orden del ex presidente Néstor Kirchner.
Entre la nutrida presencia de economistas heterodoxos se destacan las rúbricas de la ex ministra de economía Felisa Miceli, el actual director del Banco Nación Guillermo Wierzba y el economista Jorge Marchini, impulsores de la proclama junto con Vallejos, Moyano y Yasky, entre otros. También suscriben el secretario parlamentario del Senado de la provincia de Buenos Aires, Roberto Feletti, el exvicepresidente Amado Boudou, el expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, la ex ministra de Industria, Débora Giorgi, la referente política, sindical y diplomática, Alicia Castro y el también director del Banco Nación, Claudio Lozano. Entre los dirigentes gremiales empresarios, aparecen, entre otros, Raúl Hutin (Directivo de la Fundación ProTejer), Juan Carlos Lascurain (expresidente de la UIA), Juan Ciolli, vicepresidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) y Leo Bilanski (presidente ENAC).
Dentro de los sindicatos, organizaciones sociales y referentes de la Iglesia, suscribieron la “Proclama del 20 de Junio” Roberto Baradel (Suteba), Raúl Durdos (SOMU), Eduardo López (UTE), Cachorro Godoy (CTAA), los curas en la Opción por los Pobres, Eduardo de la Serna y Paco Olveira; el dirigente del Llamamiento Argentino Judío, Jorge Elbaum; el pastor y dirigente evangélico Guillermo Prein; la Unión de Recibidores de Granos y Anexos (URGARA), y la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FEMPINRA). Esta última integra a los sindicatos de trabajadores electricistas y electronicistas navales; empleados de la marina mercante; guincheros y maquinistas de grúas móviles; capataces y estibadores portuarios; encargados apuntadores marítimos; dragado y balizamiento; serenos; obreros navales; conductores navales; patrones y oficiales fluviales de pesca y cabotaje marítimo; trabajadores de la industria del hielo; capitanes y baqueanos fluviales; flota petrolera e hidrocarburíferos; y jefes y oficiales maquinistas navales; y portuarios.
A la Proclama por la soberanía del río Paraná la respaldaron a su vez periodistas como Víctor Hugo Morales, Marcelo Figueras, Sandra Russo, Daniel Tognetti, Liliana López Foresi, Néstor Piccone, Horacio Embón, Diego Brancatelli y Mariano Beristain.
