En ese marco, Revoiller dijo a radio El Mundo que en Gualeguaychú esperan «una declaración de ilegalidad del procedimiento que hizo Uruguay» para permitir unilateralmente la instalación de las papeleras sobre el río compartido.
«Si una cosa esta construida desde la ilegalidad, sin informar a Argentina y esperar la autorización de las dos partes para construir, eso es una violación y si es una violación tiene que restituirse las cosas a su estado anterior», señaló. Y, destacó, «eso significa desmantelamiento, que es lo que Gualeguaychú pide desde el principio».
Rivoiller indicó que «lo único que ha decidido la asamblea es que después de que los abogados den una explicación amplia entre todos tomemos una decisión».
«No hay otra cosa decidida, no hay ni inmolarse, nada, esa son cosas personales», añadió y aclaró que a nivel personal «ya habría sacado hace rato» el corte de tránsito en el puente.
Martín Alazar, otro asambleísta consultado por radio Diez, dijo: «Esperamos que se cumpla una justicia que puede ser para la Corte Internacional un hito histórico».
Alazar confirmó que el martes a las 10 la Asamblea Ambiental escuchará el fallo en Arroyo Verde «con el equipo legal, el colegio de abogados, y se tomará un compás de espera de 48 horas por lo menos para su análisis».
«Para el 25, tenemos la gran marcha en defensa del ambiente y después de ello está convocada una gran asamblea de toda la población para analizar tras la lectura del fallo la medida que vamos a adoptar de ahí en adelante», acotó.
En tanto, el canciller uruguayo, Luis Almagro, dijo ayer que en su país el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre violación del Tratado del Río Uruguay «se espera de manera tranquila» y ratificó que están convencidos de que la empresa de capitales finlandeses «Botnia no contamina».
«Cualquiera sea el fallo no va a ser una tragedia», indicó el diplomático y adelantó que buscará impulsar «la agenda bilateral» con Argentina.
Pero reconoció que «va a haber una gradualidad en los escenarios medios» porque, recordó, la Corte definirá «si se violó o no el tratado y hay realidades fácticas de ver si la planta contamina o no».
