Según anticiparon fuentes parlamentarias, tras escuchar a la titular del BCRA, la intención del oficialismo es que el plenario pase a cuarto intermedio y se convoque nuevamente a los legisladores para el jueves, un día después, para intentar avanzar en la firma del dictamen.
El oficialismo confía en que contará con las firmas necesarias para lograr el dictamen, ya que tiene mayoría en todas las comisiones, donde se tratará el texto del Poder Ejecutivo, que podría ser debatido en el recinto de la cámara baja la próxima semana.
Además, el texto será acompañado por los bloques aliados, en tanto que la mayoría de las bancadas opositoras terminarán de definir en las próximas horas la postura que adoptarán en torno al debate.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el jueves pasado el envío del proyecto al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, donde destacó que la norma pone «punto final» a la ley de convertibilidad, de manera que la entidad tenga la «obligación de intervenir en la economía real para poder sostener el crecimiento y el trabajo».
De hecho, la iniciativa comprende por un lado la reforma de la actual Carta Orgánica del Banco Central, y además de la Ley 23.928 de 1991, impulsada por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, y que ya fue modificado parcialmente en 2002 y 2005, en este último caso cuando se le pagó la totalidad de la deuda al FMI.
En declaraciones a Télam, Heller aclaró que la presidenta del BCRA estará abierta a responder «todas las preguntas que le formulen», al descalificar de este modo una información en ese sentido publicada hoy por el diario Clarín, en la que se afirma que «Marcó del Pont va a Diputados pero no responderá preguntas».
«Eso que sale en Clarín no sé de donde surge; yo convine con Marcó del Pont su presencia mañana y también planteamos un plenario de comisiones, de manera que todos los diputados de las tres comisiones a las que tiene giro el proyecto tengamos oportunidad de escuchar en directo el mismo informe», señaló el diputado.
El proyecto de ley, que consta de 24 artículos, modifica sustancialmente la misión de la entidad monetaria, otorgándole mayores funciones que abarcan la promoción de la economía real y una mayor regulación a las entidades financieras.
De esta forma, se pasaría de un Banco Central que hasta hoy formalmente tiene mandato único -el de preservar el valor de la moneda-, a uno con triple mandato, en el que se incorporan la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social, acorde con el nuevo modelo económico y a las nuevas tendencias internacionales.
A partir de la iniciativa, se faculta expresamente al Central a regular y orientar el crédito -recupera su rol histórico previo a la Convertibilidad- a través de las instituciones de sistema financiero, para promover la inversión productiva de largo plazo.
El proyecto prevé que el Directorio será el encargado de definir el nivel de reservas que garantice el normal funcionamiento del mercado cambiario, en función de otras variables externas (cuenta corriente, cuenta de capital, tendencias internacionales), y no sólo en función de la cantidad de dinero disponible.
Asimismo, la norma establece que el Central deberá informar antes del inicio de cada ejercicio los objetivos y planes en relación a las políticas monetaria cambiaria, y se agregan las financieras y crediticias.