A través de un escrito, los organismos nucleados en Justicia Ya, sostienen que "el pronunciamiento del TOF 1 es un nuevo intento por imponer un punto final, esta vez no a los juzgamientos a los genocidas, sino a las penas impuestas por juicios con todas las garantías constitucionales, deviniendo estos en meros actos declamatorios, sin ninguna consecuencia para quienes cometieron los más horrendos crímenes que podamos imaginar".
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Esta reacción es luego de que el viernes se conociera que los magistrados Alejandro Daniel Esmoris y Germán Andrés Castelli decidieran darle el beneficio a la prisión domiciliaria al genocida condenado en el 2006 por sus crímenes durante la última dictadura cívico – militar.
El colectivo Justicia Ya forma parte de la querella en los juicios contra los represores, y denuncian que la tendencia de otorgar beneficios a los represores se reimpulsó bajo el gobierno de Mauricio Macri.
