A causa de la inflación acumulada de un 25% y la fuerte caída del salario real (entre un 8 y un 12%), la demanda sigue en descenso y disminuyen las ventas de la mayoría de los rubros. Hacia el mes de abril ya se había producido una caída promedio en las ventas del 6.6 interanual.
En este marco se produjo una merma del crédito bancario al sector privado de 5,5%; las Pymes triplicaron el uso de cheques diferidos, con tasas de descuento de 25%. Por otra parte, la entrada masiva de productos importados perjudica al 49,5 por ciento de las Pymes manufactureras, según encuestas del primer trimestre. A estos factores negativos se sumó la restricción de planes de facilidades por parte de la AFIP. En conjunto, la caída de la actividad Pyme, según informes sectoriales, va desde un 20 a un 40%.
Al afectarse a los sectores generadores de trabajo, se profundiza la crisis laboral en un periodo en que ya se ha sufrido la pérdida de 170.000 empleos formales, además de suspensiones y cierre de turnos. Las Pymes intentan conservar su personal, pero apenas pueden sostenerse en este marco en que se realimenta el círculo de recesión, caída del ingreso y del mercado y, por consiguiente, mayor parálisis en la actividad.
De acuerdo con un relevamiento económico reciente, en la CABA al menos 5.800 comercios y 1.200 Pymes industriales están en situación terminal. En la ciudad de Rosario se contabiliza el cierre de 1.500 establecimientos en lo que va del año. Esta situación se reproduce dramáticamente en todo el país.
El mes de junio se presenta como una instancia acuciante para el conjunto de las Pymes, ya que además de las obligaciones habituales del mes se deben afrontar aguinaldos y cargas sociales que corresponden a los mismos e impuestos asociados con los respectivos vencimientos, sin que desde el Gobierno se haya tomado debida nota de la emergencia sectorial.
Por estos motivos instamos al Poder Ejecutivo a que implemente de modo urgente medidas que permitan a este entramado de empresas, sin distinción de rubros, cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, sin afectar el ingreso de los trabajadores.
Al mismo tiempo debe señalarse que se han presentado en el Congreso proyectos de declaración de la emergencia Miypyme, con medidas concretas para el sector, que exigimos se traten con la urgencia e inmediatez que la situación merece.
La postergación de la actividad productiva nacional es el fruto de decisiones políticas y económicas que han beneficiado a grandes grupos agroexportadores, empresas de energía y minería, bancos y finanzas especulativas a expensas del conjunto de la sociedad. El ajuste en marcha no ha cerrado la brecha fiscal, sino que ha transferido recursos fiscales a los sectores concentrados en detrimento de las Pymes y de los trabajadores, recursos que terminan por fuera del circuito de producción y consumo local.
Instamos a revisar este esquema distributivo, comenzando por la atención de las urgencias en los segmentos más sensibles. Ninguna empresa podrá invertir o tomar planes de estímulo de la oferta en un contexto de caída de la demanda efectiva y con acuciantes problemas de competitividad que la dejan fuera del mercado.
Las Pymes y el trabajo nacional no pueden esperar, finalizan diciendo.
