El universo de beneficiarios del artículo 24º -establece que el Estado provincial debe asegurar un ingreso mínimo indispensable en situaciones de falta de empleo regulares- es “muy amplio”, explicó el legislador, porque es un derecho que asiste a todos los ciudadanos de la provincia. “Lo que tenemos que ser es responsables para ver como lo implementamos”, dijo López. Por ello diseñaron una aplicación paulatina.
En el primer año de aplicación apunta a beneficiar a los menores de 14 años y mujeres embarazadas. En el segundo año va a incluir a los adolescentes de entre 14 y 21 años; en el tercero a los mayores de 65 y en el cuarto a los adultos entre 21 y 65 años.
“Nosotros hemos hecho un estudio del presupuesto de la provincia, de los recursos que se cuentan y del universo que se va a ver afectado en el primer año”, dijo López. Al respecto, dijo que hay diferencias entre los datos del Indec y del Instituto de Estadísticas de la Provincia. “La Dirección de Estadística habla de un 7,5 % de indigencia y el Indec está hablando de un 20 % en Concordia y un 10 % en Paraná”, precisó.
En consecuencia, calcularon un 15 % de indigencia en todo Entre Ríos por debajo de la línea de indigencia: cerca de 52.000 chicos. A $ 200 por niño, el presupuesto anual necesario sería de 123 millones de pesos. “Es un dinero importante pero si uno analiza el presupuesto provincial de 7700 millones, estamos hablando del 1,5 % del presupuesto total, un porcentaje que creemos que es alcanzable”, señaló.
Como contrapartida se exige el acceso y la permanencia en el sistema educativo, controles periódicos de salud y participar de las acciones de capacitación y formación que determine el Consejo Provincial de la Renta Básica Ciudadana, ente que también es creado por el proyecto.
Para ser alcanzado por la Renta Básica, los menores no deben contar con ingreso mensual alguno o ese ingreso no debe superar los límites establecidos por la línea de indigencia. “Si cuentan con un ingreso pero no supera la línea de pobreza van a percibir un 50 % del monto”, indicó.
López explicó que el acceso debe ser automático para evitar la intermediación algún funcionario. “Una de las prioridades es quitarle discrecionalidad en la implementación por parte de los funcionarios públicos. Es el problema que han tenido los planes asistenciales tanto nacionales como provinciales. Terminan siendo condicionados muchas veces por funcionarios de turno que se aprovechan de la necesidad para conseguir adhesiones políticas y otro tipo de favores”, dijo el legislador.
El sistema debe basarse en los ingresos comprobables. “Si la persona que reclama tener acceso a la prestación tiene un ingreso o un sueldo de acuerdo a los sistemas informáticos de Anses o de la provincia o tiene una pensión o una jubilación o cualquier tipo de ingresos es muy fácil de comprobar”, señaló.
“Entendemos que la Provincia tendrá que hacer gestiones con el gobierno nacional que maneja planes sociales para que la provincia los pueda destinar en su ayuda hasta que la Nación pueda destinar un sistema universal como el que estamos tratando de aplicar”, indicó el legislador.
El proyecto fue redactado en función de varios proyectos presentados en la Convención Constituyente. Uno de ellos es de autoría del ex convencional constituyente Américo Schvarztman que a su vez cita otro trabajo de Artusi. “Luego de la Convención lo retoma y elabora el proyecto”, señaló.
