Mainez y Grilli también desean saber si sigue vigente el convenio con el Poder Judicial por el cual se le otorga el uso exclusivo con el objeto de “lograr la reorganización del espacio físico de los organismos judiciales” de esa ciudad.
A su vez, el pedido de informes solicita detallar si las obras dispuestas por Decreto 3.993 en septiembre de 1998 con el objeto de “reacondicionar el interior del edificio”, con un gasto estimado en 850 mil pesos, fueron realizadas total o parcialmente; teniendo en cuenta que esa suma fue determinada por el Poder Judicial para su ocupación total. “En realidad, tampoco sabemos si este dinero se invirtió o no”, finalizaron.
