Se trata del convenio firmado luego de que el Superior Tribunal de Justicia fallara a favor de YPF para que el municipio le abone 1.887.000 pesos, a ser descontado de las Tasas que la empresa abona al municipio en un 25 por ciento hasta alcanzar la suma. Asimismo, el pago por capital reclamado asciende a 13.000.000 de pesos (trece millones de pesos), que se abonaría mediante compensación por la explotación que tiene la empresa en la ciudad.
La causa se originó en 2004, durante la gestión del intendente Marcelo Bisogni, cuando los abogados de la Municipalidad aconsejaron iniciar juicio contra YPF por el pago de tasas municipales. Esto fue a pesar de que “a esas alturas ya los abogados de la Municipalidad estaban anoticiados de que otros grandes contribuyentes, (Telecom, Personal, etc.) habían presentado reclamos ante la Corte Suprema para no abonar las tasas que dieran origen a este juicio. Finalmente la Corte le dio la razón a YPF”, argumentó la precandidata a Intendenta. Hoy, la sentencia a cumplir es por los montos de juicios y honorarios oportunamente abonados.
Una vez más el Ejecutivo, esta vez encabezado por Carlos Schepens, decide hipotecar parte del patrimonio de la comunidad, ya que el acuerdo establece ceder de por vida a la empresa el uso y goce de cinco calles públicas como forma de saldar la deuda. No en vano el proyecto fue tratado apresuradamente, “como lo hace este gobierno cuando esconde bajo la alfombra algún turbio accionar que encima pretende que avalemos”, expresó Magni.
Como si esto fuera poco el acta firmada renuncia, para siempre, al cobro de la Tasa municipal ya que según el propio convenio, “YPF no debe abonar tributo alguno por el uso, goce y explotación del mencionado predio”.
Tras la insistencia legal que concluyó en este resultado perjudicial para la ciudad, “no creemos que el pueblo tenga que pagar aquello que está en el bolsillo de los abogados, que son empleados municipales y cobran sueldos además de los honorarios. Ellos son responsables de haber insistido los juicios que hoy tienen este final”, sentenció la concejala.
La empresa reclama 1.887.000 pesos por pagos realizados a los abogados Jorge Satto y Marcelo Fernández Rousseaux. Precisamente, en un dictamen de agosto de 2004, “Satto aconsejaba el cobro de las Tasas de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad a YPF por los períodos que iban del 6/2001 al 6/2004, por 4.386.662.27 pesos”, reseñó Magni. Este dictamen fue acompañado por Fernández Rousseaux, por entonces director de Legislación y Asuntos Jurídicos.
En el convenio firmado el Ejecutivo se compromete, también de por vida, a no modificar la zonificación industrial del área donde está la empresa. Así, Magni consideró que “estamos condenando a todas las generaciones futuras a que no puedan modificar el status de dicha zona. Si como comunidad quisiéramos en algún momento utilizar esa zona como residencial, de esparcimiento o como costanera, no se podría, gracias al presente acta”.
No sólo el tema fue tratado en el Concejo apresuradamente, sino que se negó la documentación respaldatoria del convenio. Pese a que la concejala la solicitó al secretario de Gobierno, Ricardo Vales, y al abogado municipal Jorge Satto, no fue entregada.
“Mal podemos, en nuestra función como concejales representantes de nuestro pueblo, dar el aval a una transacción donde ni siquiera contamos con los insumos mínimos requeridos para tomar semejante decisión. Tampoco recibimos la información que nos permita valorar las cinco calles que se ceden a YPF, por lo cual no sabemos cuánto deja de percibir la Municipalidad en concepto de Tasa”.
