«Cuando el Estado mismo es el que vulnera esos derechos (por ejemplo, asesinando, aplicando tormentos, sometiendo a condiciones indignas a detenidos), entonces hablamos de violaciones a los Derechos Humanos, porque se trata de una situación de excepcional gravedad institucional, debido a que es el mismo poder responsable de resguardar los derechos el que los viola», manifestaron desde la Asociación de Madres de Plaza de Mayo.
«Ante situaciones como esta reiteramos nuestro reclamo para que a partir del funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos se den los pasos para que se constituya el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, que si bien la Provincia cumplió con la sanción de la Ley 10563, que estipula el funcionamiento de dicho Comité, al día de hoy es letra muerta. Nos anima involucrarnos en la solución de estas problemáticas, pero para eso precisamos respuestas que al día de hoy no tenemos», reclamaron.
A principios de agosto, la delegación de jueces, abogados y funcionarios recorrió el pabellón central, baños, duchas y celdas de la planta baja y primer piso de la Jefatura Departamental de Policía. Según el informe que se elaboró al finalizar, había en ese momento 16 personas detenidas, que contaban con un solo baño y una sola ducha para todos. Los demás sanitarios se encuentran tapados o en desuso. Respecto al clima, todas las ventanas, del pabellón central y celdas de encierro, se encuentran sin cerramiento, lo que implica el ingreso de viento frío, de agua cuando llueve y el sometimiento constante a bajas temperaturas.
A eso se suma la falta de distanciamiento, la ausencia de desinfección sistemática, pésima alimentación, falta de abrigo y desprotección total ante el frío; estándares elementales que resultan prioritarios en el actual contexto de pandemia, según publicó Diario Uno de Paraná.
