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La remoción de dos de los jueces de primera instancia del fuero laboral que se desempeñaban interinamente en los Juzgados 2 y 3 del Trabajo de nuestra ciudad, que, según lo publicado en diferentes medios y confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Correccional y Criminal de Concordia – dispuso por Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia por “morosidad judicial”, al margen de la comprensible repercusión que una medida de tamaña magnitud es susceptible de suscitar por sí misma, obligan a formular algunas consideraciones en torno a la insólita modalidad con que se llevó a cabo lo resuelto como también sobre la situación generada a partir de ese momento.
I.- Prescindiendo opinar si la morosidad atribuida a los magistrados cesantes es o no justificada, que obligaría a analizar cada caso en particular y excedería el marco de esta declaración, merece señalarse en primer término, que ambos jueces fueron designados discrecionalmente por el mismo Superior Tribunal de Justicia, prescindiendo de examinar si sus antecedentes para desempeñarse con eficiencia lo ameritaban o no. – De modo pues que si se ha establecido que no estaban en condiciones de hacerlo, la responsabilidad por las consecuencias de tal eventual ineptitud también recae en parte sobre el órgano que los designó, cosa que esta Comisión está obligado a exponer, dado el infructuoso resultado de las gestiones que realizara anteriormente instando que toda designación de cargos vacantes en la administración de justicia se decida atendiendo en primer término en los antecedentes de los posibles candidatos y no en base a criterios de preferencia personal.
No podemos dejar de señalar, además, que la decisión no ha sido oportuna ya que se puso de manifiesto pocos días antes de las audiencias y entrevistas que lleva a cabo el Consejo de la Magistratura en el marco de los concursos para los que rindieron los dos hoy ex Magistrados.
II.- Tampoco podemos soslayar el hecho que el S.T.J.E.R. dispuso el drástico cese de funciones de los jueces removidos sin contar con quienes los reemplacen en el desempeño de sus tareas de modo pues que la situación de ambos juzgados ha quedado ahora a cargo del magistrado que se desempeña como titular del Juzgado del Trabajo Nº 4, en su calidad de subrogante legal de los Juzgados 2 y 3. De modo pues, que en base a lo ejecutado hasta ahora en cumplimiento de lo resuelto por el S.T.J.E.R. ha sido colocar el peso de la situación generados por la morosidad atribuida a los jueces removidos, sobre otro magistrado, que a su vez está obligado a atender regularmente las exigencias de su propio juzgado. Entendemos que lo decidido hasta aquí, en nada contribuye a solucionar esa situación ni a paliar sus efectos, y por el contrario, tiende a agravar aquélla, revelando algún apresuramiento y falta de previsión en la decisión adoptada.
III.- No ignoramos que las facultades discrecionales que hacen uso los magistrados en la materia es legal, pero venimos reclamando -y reiteramos ahora con el mayor de los énfasis – que esas facultades se ejerzan por el Superior Tribunal de Justicia y los órganos de instancias inferiores con criterio de razonabilidad y previsión, analizando con objetividad cada caso lo más conducente a mejor prestación del servicio de justicia como principio rector.-
Precisamente por no haber encontrado receptividad en nuestra aspiración, estamos convencidos que la representación de los intereses de nuestros colegas, en primer lugar, y de las legítimas aspiraciones de los justiciables, como también el reproche social que ha acuñado la frase “familia judicial” para aludir a prácticas nepotistas nos imponen señalar en cada situación análoga a la enunciada precedentemente la responsabilidad alcanza a quienes hayan contribuido a generarlas por apego a su único arbitrio discrecional. . .
