La investigación fue requerida en noviembre de 2007 por el fiscal Mario Guerrero, ante una denuncia del ex titular de la FIA (Fiscalía de Investigaciones Administrativas) Oscar Rovira y el ex concejal Eduardo Miranda. La causa fue investigada entonces por el Juez subrogante Gregorio Martínez, quien el 22 de mayo de 2009, procesó a 9 de los acusados y sobreseyó a Pezzarini pero finalmente lo volvió a imputar y lo procesó. El debate comenzará mañana y continuará los días 1°, 6, 8, 12, 15, 20 y 26 de marzo de 2012.
El procesamiento se debe al hecho de no haber llamado a licitación pública -entendida como un paso obligatorio tratándose de un servicio público- y haber otorgado en forma directa el tratamiento de los residuos en el Campo del Abasto a la empresa Cetru (una firma que abandonó la concesión posteriormente). En noviembre de 2006, Miranda y Rovira denunciaron la entrega por 20 años del Campo del Abasto a una empresa privada sin haber efectuado un llamado a licitación pública. La supuesta ilicitud se configura cuando un “funcionario o corporación pública disponga, grave, o destine bienes del Estado en beneficio de la pura y simple actividad de un particular”.
Martínez avaló la denuncia estableció que el servicio de recolección y disposición final de los residuos es “un servicio público, pues importa una actividad que refiere a una cuestión de interés público, reconocido constitucionalmente ya desde año 1994, como es la sanidad del medio ambiente y resulta a juicio de este Tribunal absolutamente arbitrario escindir la actividad de recolección de la de tratamiento”.
En cambio, el abogado defensor Oscar Bacigalupe, representante legal de tres de los imputados, dijo a DIARIOJUNIO, en mayo de 2011, que el reconocimiento de servicio público a la disposición final no rige en Entre Ríos. “O por lo menos está en estado de duda porque si los diputados y los senadores de Entre Ríos piden la sanción de una ley para que rija es porque ellos ni siquiera tienen la seguridad de si rige o no”, indicó. Y, en tal sentido, dijo que la Cámara Penal de Concepción del Uruguay, cuando confirma la decisión del juez, elaboró una interpretación “que se remonta a la reforma constitucional para concluir que esa norma rige”, señaló. Y concluyó que se trata de una cuestión técnica “muy finita”.
Además, el letrado argumentó que en el ámbito de la municipalidad siempre se entendió que la recolección sí era un servicio público. En cambio, “nunca se entendió” que le corresponda la misma categoría a lo que sucedía dentro del Campo del Abasto. “Tanto será que debieron recurrir a una ley nacional para determinar que es un servicio público. Esa ley si rige o no rige en Entre Ríos es una cuestión dudosa desde el punto de vista jurídico”, explicó.
Es más, Bacigaluppe dijo que los senadores de la gestión anterior y los diputados de la actual son quienes plantearon, en su momento, la adhesión a la norma. “Ni siquiera quienes representan políticamente a los entrerrianos tienen en claro si rige o no rige”, indicó.
