El interrogante comenzó a despejarse mucho antes de lo que se suponía. El conflicto del gobierno nacional con el sector más favorecido del campo, originado en la disputa sobre cómo se repartían las ganancias extraordinarias de la soja, o sea dinero, dividió las aguas. Busti se alineó con sus aliados históricos capitaneados por CRA y las sociedades rurales de la provincia y Urribarri jugó a fondo con las políticas nacionales sin romper puentes hacia el interior de la provincia con las organizaciones díscolas, en rigor, dirigidas por aquellos con los que, junto a su patrocinador, había compartido vivencias y acuerdos de variada naturaleza.
De ese proceso que lo tuvo a mal traer, Urribarri salió fortalecido y con una imagen que contradecía su historia más inmediata. Los medios nacionales cercanos al gobierno, lo mostraban como uno de los gobernadores jóvenes y progres del armado K, era parte de los emergentes del nuevo proceso.
A Busti en tanto, se le iban acabando los ases de la manga a medida que la sociedad iba comprendiendo que ese conflicto que él había apoyado entusiastamente, estuvo lejos de ser una lucha entre los pobres gringos que trabajan de sol a sol, contra un gobierno de miserables e insensibles acostumbrados a robar a los trabajadores.
A medida que pasaba el tiempo iba quedando muy claro que fue el intento más serio de derrotar definitivamente a este gobierno. Comenzó siendo una disputa sobre cómo se repartían las ganancias extraordinarias, o sea dinero y siguió como la posibilidad cierta de vaciar de todo poder a un gobierno al que los sectores que rodearon con fervor al menemismo, comenzaron a ver como peligroso para sus intereses.
A esos sectores (los dueños de la tierra, de los medios de comunicación hegemónicos, de los medios de producción y las finanzas) les salió el tiro por la culata. No solo no derrotaron al gobierno sino que lo alentaron y/u obligaron (según se lea) a adoptar políticas aún más jugadas y acorde a los objetivos que manifiesta defender.
Así, la ley de medios, la Asignación Universal por Hijo, la liquidación de las AFJP y la vuelta al sistema jubilatorio de reparto, la ley de matrimonio igualitario, y el impulso de paritarias, así como la instalación de consignas contra el trabajo en negro, o el haber alcanzado a superar el 6 % del PBI destinado a educación, en fin, políticas que fueron terminando de dibujar el carácter de un gobierno cuyos claros eran infinitamente más nítidos que sus oscuros.
Durante todo este proceso nacional, Urribarri jugó sin medias tintas, se mostró ante propios y extraños y sin ninguna actitud vergonzante, como un aliado incondicional de toda esa política. Se alejaba así, claramente, del proceder oportunista de Busti y Cia. y con ello, comenzaba a despegarse de ese pasado poco favorable y nada aconsejable para sus nuevas relaciones.
Tan clara definición nacional lo ubicó entre uno de los gobernadores preferidos de la presidente y del poder nacional, al mismo tiempo que le costaba virulentos ataques verbales de quienes lo hacían ver como un alcahuete del poder central que entregaba la provincia, alejándose de los viejos caudillos entrerrianos.
Puro discurso interesado de quienes estaban imposibilitados de mostrar ningún ejemplo que los hiciera ver apenas parecidos a lo que reclamaban.
La inflamada verba opositora que lo bautizaba como Kurribarri, se demostró falsa y tendenciosa a poco de andar. Urribarri, mientras soportaba estoicamente diatribas, hacía lo que podía, viajaba mucho, gestionaba y avanzaba en logros dignos de destacarse.
Aunque no se lo quieran reconocer, Entre Ríos ha conquistado lo que nunca. Lo primero es que comenzamos a ser una provincia que forma parte de la consideración nacional. Sí a alguien le parece poco tal logro, hay que ver la obra pública y de infraestructura que logramos y que, comienza a sacarnos del atraso fenomenal en el que nos habían dejado los sucesivos gobiernos peronistas y radicales.
Lo que le falta a Urribarri es, además de apoyar lo que hacen otros o gestionar envíos de partidas, decidirse por encarar en la provincia políticas que lo emparenten de verdad con el proyecto nacional.
No será así mientras castigue a los flacos bolsillos de los contribuyentes del impuesto inmobiliario urbano, mientras subvenciona el bolsillo lleno de los terratenientes, entre otras incongruencias. Convendría hacer un repaso somero de sus políticas de gobierno.
LOS PRO DE LA GESTION URRIBARRISTA
El primero de todos, como lo dijimos es haber logrado que Entre Ríos sea tenida en cuenta. La imponente cantidad y calidad de obra pública lograda, es digna de destacarse. Por citar solo algunos ejemplos, los famosos caminos de la producción que Busti se cansó de prometer, los está haciendo este gobierno, en Concordia el camino a Puerto Yeruá, los trabajos de reparación integral en la ruta 39 entre las ciudades de Concepción del Uruguay, Basavilbaso y, el trayecto que une esa ciudad con Rosario del Tala. Otra obra largamente reclamada en esta zona productiva. El corredor vial Paraná-Nogoyá-Concepción del Uruguay con cuya rehabilitación se planteó mejorar las ventajas competitivas de la provincia tanto para grandes inversiones empresarias como para las pequeñas inversiones productivas.
En pro de mejorar la calidad de vida de la población, no pueden obviarse la construcción de colectoras cloacales que en el caso de Concordia hicieron que alrededor del 90 % de los concordienses tengan cloacas, o la recuperación medioambiental de un arroyo destruido por el desprecio social y la permisividad política, como el Manzores, o la fabulosa costanera concordiense.
Lo mismo dirán dentro de poco tiempo los habitantes de la histórica cuando esté terminada la ampliación de la planta potabilizadora de agua, una obra que, vale decirlo, pese al abultado costo planean varias ciudades (incluida Concordia) o ya las han terminado como el caso de Paraná. Párrafo aparte merece la construcción de escuelas en toda la provincia.
Todo esto por no hablar de lo más conocido como las obras realizadas en Paraná que comunican con la vecina Santa Fe o la doble vía en la Ruta 14 que en poquito tiempo más logrará sacarle el siniestro mote de ruta de la muerte. O la próxima construcción (este mes se firmarán los contratos) de la Ruta 18 que une Concordia a Paraná atravesando la provincia de costa a costa.
DERECHOS HUMANOS Y POLICIA
Por primera vez luego de casi 30 años, en Entre Ríos habrá juicio y seguramente castigo a los responsables de delitos de lesa humanidad. Esos juicios orales y públicos permitirán que los familiares de las víctimas de delitos atroces vean a los victimarios tras las rejas y pagando sus culpas.
En esta materia no es mucho lo que ha aportado el gobierno provincial, sus funcionarios y como en otras áreas son los mismos que los que tenía Busti así que mucho no se podía esperar. El punto es que, la impronta nacional a favor de esclarecer los crímenes de lesa humanidad deja cada vez menos espacio a los descansados Poncio Pilatos federales.
En cuanto a la policía provincial nadie debería pasar por alto que la policía de los constantes apremios ilegales ha dado un considerable giro. Aunque lejos del ideal, Urribarri no ha tenido que cargar con ningún asesinato policial cuyas víctimas solían ser pobres y desheredados con caras de expediente. En este plano, está lejos de Busti que no solo carga con varios asesinatos y vejámenes, sino que debió recurrir al invento de “chacales” para eludir la responsabilidad de una policía corrupta, inepta y golpeadora y zafar de las miradas de la prensa nacional cuando desapareció Fernanda Aguirre.
RELACIONES INSTITUCIONALES CON LOS MUNICIPIOS
La relación del gobierno provincial con los municipios es otra de las características que vale la pena destacar. Allí están los representantes de gobiernos de signo político opositor, radicales o vecinalistas que vienen destacando la buena relación con la provincia. Municipios cuyos jefes comunales han destacado el hecho de no haber sido discriminados “como otras veces”. Por solo citar algunos ejemplos, los radicales Ricardo Troncoso de Macia y Damian Candarle, intendente de Villa del Rosario, o el vecinalista intendente de San José, Pablo Canali.
LOS CONTRAS DE LA GESTIÓN
Luego de más de 3 años de gestión puede decirse con seguridad qué cosas privilegia el gobernador y cuales no.
El principal agujero negro de esta administración es la permisividad del trabajo en negro,la explotación de niños y la trata de personas, principalmente en el sector de la producción como el arándano y la madera. Se le debe sumar el intento de apoyar la legalización de empresas que tercerizan y que están siendo objeto de denuncia y persecución por parte del ministerio de trabajo de la nación. No resulta fácil explicar que en la nación se persiga a esas empresas truchas y aquí, el gobierno junto a sindicatos promuevan su creación y alienten una doble explotación.
Está muy claro que no le interesa mostrar un signo distintivo en cuanto a la designación de su funcionariado. Su política aquí es cortoplacista, ha privilegiado el tacticismo de dejar a Busti cada vez más solo y aislado. Aunque lo esté logrando y aunque eso quede demostrado en los resultados electorales (algo que está por verse), solo nos mostraría picardía electoral, pero apostando a viejas prácticas clientelares que provocan desconfianza en los nuevos actores sociales que ven con simpatía este proceso.
O sea, poco si se piensa en términos de futuro, en estrategia, en todo lo que le hace falta a esta provincia, en todo lo que se debe hacer y no han hecho los sucesivos gobiernos. Esto claro, si lo que se busca es, como se asegura, una provincia progresista, justa, pujante, laica, respetuosa de la libertad, entre otros objetivos emparentados con las políticas nacionales.
No es poca cosa, la política está sostenida por hombres y mujeres con improntas personales en las que se acentúan o los ideales o el dinero y el poder. En fin, ciudadanos que cuentan con historias que muestran cuán comprometidos están con los procesos que viven.
Así, el único funcionario con un perfil diferente, sin tradición bustista y que proviene del progresismo, es el flamante ministro Roberto Schunk, cuya presencia en el gobierno se ha diluido de un modo que no alienta a suponer que a Urribarri le interese profundizar en esa línea.
En lo económico-impositivo perdura la injusticia. El gobierno aumentó, en promedio, y solo el último año, un 30 % el impuesto inmobiliario urbano mientras que los dueños de la tierra siguen abonando $ 0,80 por hectáreas. El año pasado, recordemos, el estado provincial resignó a favor de 2.860 propietarios (propietarios de 3.1 millones de hectáreas), unos $ 45 millones que podían destinarse a salarios, salud, etc.
Urribarri tiene la coartada de la legislatura donde los seguidores de Busti impidieron la aprobación de un proyecto que hubiera permitido subir un pequeño peldaño a favor de la equidad, pero no alcanza.
La relación institucional con la iglesia sigue siendo un tema pendiente. Los subsidios a la escuela confesional por parte del Estado provincial, siguen aumentando y la educación sexual en los establecimientos escolares sigue esperando turno debido a que la cúpula eclesial hace lobby para impedir que se imparta esta materia en las escuelas públicas. Para comprender la ya incomprensible influencia que el poder eclesial tiene sobre los gobernantes, basta decir que la ley que promueve la educación sexual data del año 2003. O sea, hace 8 años que debió aplicarse. La injusticia no termina aquí, los docentes de las escuelas públicas deben hacer cola para ingresar a trabajar, en las confesionales (eufemísticamente llamadas escuelas públicas de gestión privada), en cambio, utilizan el dedo, no hay concursos y la empatía puede más que el saber y los antecedentes.
En materia de obras, un hueco de esta gestión es la vivienda social, solo en la Región de Salto Grande, el déficit habitacional alcanza al 25 % de la población. Se perdió de construir en el 2008 debido a la pésima gestión del gobierno anterior ; los coletazos de la crisis internacional, que aquí se sintió en 2009, dificultó la inversión y recién durante el 2010 pudo verse algún avance en la materia. Por lo demás, los especialistas critican la ausencia de arquitectura y urbanismo en la ejecución de planes habitacionales.
En cuanto a la corrupción, es imposible no decir que estamos lejos de la impronta corrupta que dominaba la escena de los años 90. Se denuncian ahora, aunque con pobre intención y menos rigor, nichos de corrupción o acusaciones mediáticas que, como en el caso de CAFESG a poco de andar caen porque quienes deberían sostenerlas, callan. Un claro ejemplo fue cuando desde este medio publicamos en exclusiva que en una reunión de la UCR de la que participaba uno de los directores opositores de ese organismo (el radical Marcelo Spinelli), se aseguró que en la Comisión había una corrupción desmedida. DIARIOJUNIO quiso ahondar el tema y ofreció a esos directores la posibilidad de explayarse, Spinelli terminó diciendo textualmente “no estamos en condiciones de asegurar que existen sobreprecios”.
La situación de la justicia provincial sigue siendo otro de los grandes temas pendientes, se puede decir que los concursos mejoraron la política del dedo, sin embargo la increible lentitud hace que los tribunales siga siendo un coto cerrado, sin haber superado el mote de familia judicial. La mayoría de los tribunales provinciales funcionan con jueces y funcionarios suplentes y cuyo nivel de conocimiento es cuestionado. Concordia es uno de esos lugares. Ni hablar del Superior Tribunal, la máxima jerarquía judicial donde esta pendiente repetir lo que se hizo en la nación.
Por último y anticipando que este es un breve resumen al que le pueden faltar tópicos, no se puede pasar por alto que el gobernador sigue privilegiando la relación con un sector del empresariado (millonarios) acostumbrado a medrar con dineros del Estado, sin obligarlos a que, por ejemplo, respeten las leyes laborales y se abstengan de contratar empleados a través de empresas tercerizadas.
En cuanto a los temas pendientes de resolución que hacen a la necesaria transparencia de gobierno, resta facilitar el acceso a la información pública y plantear un mecanismo de distribución de publicidad que despeje dudas respecto a favoritismos. Así, deberían respetarse criterios de reparto en los que se tengan en cuenta alcance, audiencias (cantidad de oyentes, lectores o televidentes) trayectorias, etc. que tiren por tierra viejas prácticas en las que la publicidad oficial se distribuye de acuerdo a los niveles de simpatía con los gobernantes de turno.
