En la oportunidad, participó el intendente Víctor Hugo Vilhem, los vecinos del barrio San Cayetano y circundantes, ingenieros de la firma, concejales e integrantes de la Mesa Ambiental. La cuestión pasa porque los vecinos solicitan la erradicación del depósito, y uno de sus argumentos es el temor a la contaminación del ambiente y sus consecuencias en la salud. Ese argumento cayó ante la prueba que presentó Enersa de que no hay PCB en los transformadores. Por su parte, la empresa tiene un argumento mucho más frágil y que directamente no es argumento: la inseguridad, porque dicen que le roban los transformadores fuera de la planta urbana, y deben tener un lugar con mayor seguridad, pero en definitiva, la culpa no es de los vecinos. La cuestión es que si bien dejó sabor a poco la reunión, sirvió para verse las caras unos y otros y sentar las posturas encontradas. Ahora, los concejales serán quienes deben ponerse los pantalones largos y definir si legisla para los intereses del pueblo o para los de una empresa, o hace equidad.
«Venimos a traer tranquilidad», dijo el ingeniero Carlos Fernández, de la empresa Enersa, quien realizó un repaso histórico de lo hecho por la firma para erradicar el PCB. Los transformadores que están en el «potencial almacén» están descontaminados, dijo, y reconoció que «el depósito arrancó para cinco máquinas», además de admitir que está feo y desprolijo. «Por el lado de la contaminación, deben quedarse muy tranquilos», remarcó.Ante la consulta de REPORTECUATRO, reconoció: «No tenemos habilitación porque nos trasladábamos de un lugar a otro, si este es el definitivo, realizaremos la presentación formal ante el Municipio», anunció.
A su turno, su par, Gianello, señaló que el problema en la zona es el robo de 47 transformadores en la zona rural, «por lo que decidimos acopiarlos en la zona urbana» ya que «dejarlos en el depósito sobre la ruta 18 es dejárselo a los ladrones», expresó defendiendo el cuasi argumento de la inseguridad.
«El año pasado no teníamos presupuesto, para este año íbamos a mejorar las oficinas y adecuar el depósito», lo cual «en parte se ha hecho», comentó y recordó: «Cuando visité San Salvador, no me gustó el estado del depósito, estaba muy desprolijo», reconoció.
«Debemos tener equipos para poder reponer y dar solución en forma urgente a un productor cuando se quema un transformador; esta semana se terminaría la obra de remodelación de las oficinas y luego se seguirá con el depósito», anunció.
El ingeniero Guillermo Muller, de Enersa San Salvador, señaló que «lo que había (en el lugar) era la parte de afuera de los transformadores que nos robaban» y también admitió que «es cierto que es una desprolijidad, pero los hurtos nos sobrepasaron», aclaró. «El depósito era un impacto visual, pero no había contaminación», subrayó.
Muller indicó que «no es un capricho que no saquemos los equipos, necesitamos tener transformadores de reserva», y dejó bien en claro el interés de la firma: «La empresa lo que quiere es darle respuesta rápida al cliente».
Por su parte, el concejal César Villón, del Radicalismo, graficó: «El que come y duerme al lado de ese transformador, es como el que vive al lado de una secadora de arroz, vive rabiando». Y el edil Javier Juárez, del Frente Justicialista, dijo que «el costo de dos serenos para un predio en las afueras puede ser similar al pago de alquileres, los ciudadanos no tenemos responsabilidad sobre los robos».
El licenciado Facundo Bordet, miembro de la Mesa Ambiental, se encargó de remarcar que «en lo técnico confiamos en la empresa, pero la Mesa Ambiental no fue invitada a la toma de muestras». Sugirió que no se debe dañar al medioambiente ni al paisaje. «Que el depósito esté feo, lleva intranquilidad a los vecinos, no debemos solo quedarnos con la contaminación química», manifestó y se preguntó: «¿Cuánto cuesta el bienestar de un barrio?».
Por otro lado, el asesor de los vecinos, Gustavo Montes, indicó que «Si los transformadores son residuos peligrosos, representan un peligro para la salud y el medio ambiente». Informó que «no hay informes del estado del suelo», ya que fueron solicitados al Municipio y no hubo respuestas.
Remarcó además que «es el municipio quien debe solucionar esto, aplicando el poder de policía, prohibiendo este depósito dentro de la planta urbana. Hablamos de una empresa con los recursos necesarios como para instalarse en otro lugar, con toda la seguridad necesaria. Nunca tuvimos estudios de agua, suelo ni de impacto ambiental», reiteró.
Montes advirtió: «Los vecinos van a seguir con su postura, acá o en la instancia que sea» y repitió: «Es el municipio quien debe controlar, realizando los análisis para tranquilizar al vecino».
