Los impuestos defendidos en la justicia por la mandataria bonaerense que ahora serán eliminados fueron creados en 1967 y 1978 durante dictaduras militares. El primero es el decreto-ley 7290/67 que grava el consumo eléctrico en un 10 por ciento para conformar el “Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico de la provincia de Buenos Aires”. El segundo es el decreto-ley 9038/78 que dispone el cobro del 5,5 por ciento del total consumido, que fue previsto originalmente para el financiamiento de la Central de Acumulación por Bombeo en Laguna La Brava-Central Luis Piedrabuena. En la actualidad, la mitad de los fondos recaudados por esos conceptos están afectados a obras de infraestructura energética.
La presentación que suspendió el impuesto estuvo a cargo de dos concejales radicales de Pergamino, Carlos Elizalde y Ramiro Llan de Rosos, quienes en mayo de 2016 lograron que el juez en lo Contencioso Administrativo Luciano Savignano hiciera lugar al reclamo contra el cobro de los impuestos. La medida tuvo alcance provincial al año siguiente luego que la Defensoría del Pueblo encabezada por Guido Lorenzino solicitara la colectivización. El beneficio se extendió durante la segunda mitad de 2017 –tres bimestres– ya que Vidal apeló ante la Corte Suprema. Con el visto bueno del máximo tribunal provincial, la gobernadora volvió a cobrar ambos cargos en la boleta correspondiente al primer bimestre del año. Ahora anunció que los dejará de cobrar.
