El 11 de noviembre de 2004, el bloque de concejales del PJ derogó la ordenanza que establecía la Comisión de Control de Ejecución del Gasto Público. La misma había sido creada a fines del 99, durante la gestión de Hernán Orduna. Estaba integrada por dos representantes de la oposición en el Concejo Deliberante y uno por el oficialismo. Orduna repetía ante los micrófonos que la intención era «entregarle a la oposición el control de los gastos del municipio».
Las funciones del novedoso órgano eran: fiscalizar el cumplimiento de las normas legales en relación con la utilización de los recursos del Estado municipal; realizar auditorías financieras, de legalidad, de gestión; auditar a unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos internacionales de crédito; examinar y emitir sobre los estados contables financieros de los organismos municipales, etc.
El actual presidente de Cafesg, Hugo Ballay, era el secretario de Hacienda en aquel entonces, y manifestaba que la comisión le daba una: “sensación absoluta de tranquilidad porque de alguna manera van a ser compartidos los números que se expresen a la ciudad de Concordia. Yo percibo hoy que se analizan muchos números fuera de contexto o al mismo número se le da distintas interpretaciones”.
Si bien comenzó a funcionar en forma positiva, a poco de andar atravesó un conflicto insalvable. El contador Edgardo Marsó, ex-integrante por la UCR, había denunciado varias cuestiones que carecían de transparencia. “Me preocupa que estas cosas se manejen así, yo esto lo tomaba como un aporte a la comunidad, sin ningún ánimo de romper. En el informe decimos esto esta mal y se debería hacer así; no decimos esto está mal porque esta mal. Puedso estar equivocado pero las ideas se combaten con ideas y no desarmando la comisión”, decía Marsó.
Lo que sucedía era el ex-concejal Ramón Almeida se había separado del bloque de la Alianza y exigía tener un representante en la Comisión. Esto fue negado por sus ex-compañeros de bancada, debido a que Almeida había pasado a ser pseudo-oficialista y, en caso de acceder a su pedido, la oposición iba a perder su mayoría. El conflicto no se resolvió, un representante de la oposición renunció y la Comisión dejó de funcionar.
Finalizó la gestión de Orduna y a los cuatros meses de haber asumido Cresto, aseguró en una conferencia de prensa que la Comisión no tenía cabida en su esquema de gobierno. El tiempo pasó, la oposición exigió que se reconstituya y la concejal Tribulatti denunció al presidente del Concejo, Emilio Fonseca, por su dilación en el tema. El epitafio definitivo llegó esa mañana, cuando el oficialismo presentó el proyecto de derogación y lo votó luego del estéril debate.
El ex-concejal Jorge Ferrera (PJ) argumentaba que la comisión no funcionó en la gestión anterior: “y consideramos que están los elementos necesarios para acceder a la información. No como en la otra gestión que costaba sacar datos; hoy cualquiera puede venir a buscar información”. En cambio, el ex-concejal Ricardo Larocca (UCR) descartaba que la información fuese accesible. “Para nada es fluida la información de acceder a los expedientes. Cada expediente depende de un organismo, de una oficina y si uno no hace el pedido de informes como corresponde te vedan acceder directamente a los expedientes. La función del concejal tampoco es examinar expedientes, salvo que haya buena voluntad de la oficina a la que uno concurre” añadía.
El intendente Gustavo Bordet mencionó durante la campaña que tenía previsto reflotar la comisión de control del gasto para dejarla nuevamente en manos de la oposición. No obstante, desde que asumió nadie mencionó una palabra acerca del tema, ni siquiera los ediles opositores que deberían ser los principales beneficiados al poder acceder a información que, de otra forma, no alcanzan.
Moroso incobrable
Otro de los temas que -desde la óptica de la equidad tributaria hacia todos los contribuyentes- increíblemente está al margen de toda discusión pública es la deuda de las dos empresas que prestan el servicio de TV por cable en Concordia. En 2002, la secretaria de Hacienda, Teresita Bordón, explicaba como el municipio había hecho para determinar que las empresas Videocable Concordia y Tevecon (Canal 2 y 6) debían al municipio nada menos que $ 13.000.000 por tasa de utilización del espacio aéreo. Como no habían presentado información, “se procedió a una determinación de máxima a través de un muestreo del cual se indujo un monto inicial que nos permitió a nosotros asegurarnos el cobro del derecho de los mismos para evitar todo tipo de condonación”, decía la contadora. Posteriormente, ambas empresas, reacias a presentar datos en un primer momento, accedieron y quedó demostrado que la deuda era sustancialmente menor: de $ 1.300.000 había descendido a $ 3.000.000.
El sucesor de Orduna, Juan Carlos Cresto, decidió recurrir a los tribunales porteños (ambas tienen domicilio en Buenos Aires) reclamando cerca de $ 4.500.000 (sumando capital e intereses) al Juzgado que interviene en la convocatoria a acreedores, la empresa lo rechazó y hubo una verificación del crédito por parte de la municipalidad. “Hasta donde yo tengo entendido, fue rechazado la verificación, para lo cual se planteó un incidente de revisión y hasta ahí es donde nosotros sabemos”, dijo el ex-edil Marcos Wdwiak el año pasado.
“De ahí en más nunca más se supo absolutamente nada de modo que está pendiente el trámite judicial. También tengo entendido que la empresa de cable sigue sin pagar las tasas por cuanto el planteo que hacían es que no les corresponde pagar la tasa al municipio”, señalaba el ex-concejal.
“Todo sigue igual”
Durante la administración anterior, se había gestado, al menos en el plano discursivo, una fuerte avanzada para trasladar, en un primer momento, o remodelar, en una segunda instancia, el Mercado de Pulgas. “Al menos, si no se logra el traslado, como yo entiendo que debería ser, la remodelación para que existan mejores condiciones sanitarias de seguridad y comiencen a tributar como cualquier otro comercio en el microcentro”, decía el ex-concejal Marcos Wdowiak.
Denunciaba que la situación edilicia era absolutamente precaria: hay un solo baño para todo el Mercado. “Calcule que hay más de 85 puestos, con lo cual contando a la gente que concurre diariamente hablamos de cientos de personas, y hay un solo sanitario”, expresaba.
Sobre las condiciones de seguridad, aseguró que “no existe ninguna; es una verdadera bomba de tiempo, en cualquier momento se puede prender fuego, es todo material inflamable, puede ocurrir cualquier cosa”.
Desde el punto de vista jurídico, indicó que se encuentran inmersos en una “precariedad total”. “Habría que darles cierta seguridad”, indicó. El edil vecinal adelantó que actualmente elabora un proyecto para otorgar comodatos renovables en forma anual que restrinja la renovación al pago al día de los tributos municipales, provinciales y nacionales. “Sería una forma de obligarlos a ponerse en condiciones en este aspecto”, indicó.
A mediados de la gestión anterior se había decidido conformar una comisión para analizar la situación del predio. El Concejo había designado a sus representantes pero el Ejecutivo nunca hizo lo mismo. Y el proyecto murió allí mismo, y hasta ahora nadie hizo nada parea revivirlo.
La peatonal de papel
En la gestión anterior, de igual forma, el Concejo decidió extender la peatonal una cuadra hacia el sur, hasta la intersección de Entre Ríos con Buenos Aires y Quintana. Se argüía favorecería a la casi totalidad de las propiedades, que son locales comerciales, y el funcionamiento del Cine-Teatro Odeón. La ordenanza incluso fue promulgada, por lo tanto el tramo es peatonal y debería estar vedado a la circulación de automotores.
Entre los considerandos de la ordenanza, se argumentaba que existen “graves embotellamientos” en esa cuadra, sobretodo los fines de semana. “Hay que terminar de una vez por todas con los problemas que generan los vehículos automotores que se vienen por Bernardo de Irigoyen y los que doblan en Entre Ríos y encuentran con un semáforo, más los que vienen subiendo por San Luis”, expresaba uno de los concejales que había levantado la mano para aprobar la iniciativa. Pero la realidad es diferente: por esa cuadra siguen transitando vehículos de todo tipo y solo se restringe para que circulen los peatones los días festivos.
El riesgo de cortar camino
Luego de un accidente ocurrido el 2 de agosto de 2007 -un colectivo fue embestido levemente por una formación ferroviaria en un paso a nivel clandestino ubicado en calle San Luis cerca del Club Hípico- un concejal presentó en la sesión siguiente una minuta de comunicación a través de la cual instaba al Ejecutivo “a clausurar y cerrar en forma efectiva los pasos a nivel clandestinos existentes en la ciudad”.
La minuta señala que el accidente –que solo provocó daños materiales- es un “fuerte llamado de atención a las autoridades municipales para que tomen los recaudos pertinentes y cierren los cruces que no se encuentran legalmente habilitados”. No es el único paso a nivel clandestino, existen otros en: Echagüe al 550, Nogoyá al 600, Sarmiento al 2000, Villaguay al 2700, entre otros.
Además, la nota consigna que, ya en otras oportunidades, el cuerpo advirtió sobre la apertura de un paso a nivel irregular en inmediaciones del barrio “La Bianca”, que favorece a un hotel alojamiento de la zona, “sin que hasta la fecha se hayan tomado medidas adecuadas para su inhabilitación”.
Sobre las responsabilidades por la situación irregular de los cruces, llevó al concejal a señalar que los funcionarios municipales son “únicos y directos responsables de cualquier daño que reconozca su origen en ellos (pasos a nivel)”.
