El diputado provincial recordó que en la noche del martes en la Cámara de Diputados de la provincia. “el oficialismo impuso una ley que crea un organismo para que haga lo mismo que ya hace el IAPV, ninguneando al IAPV que debería ser jerarquizado y mejorado, sin ningún tipo de control interno ni externo ni participación de los interesados. Un proyecto de ley de seis artículos que ni siquiera guardó las formas, un escándalo. Esto abre las puertas a cualquier tipo de negociado en nombre de aquellos que no pueden acceder a un pedazo de tierra para hacer su vivienda”.
Viale recordó que el proyecto del ministro Ramos en principio no tenía el apoyo de los diputados provinciales oficialistas, pero tras el magro resultado de las PASO “alinearon al bloque para poder una suerte de respuesta electoralista”. “Lo mismo sucedió con la Federación Agraria, quienes pidieron que se segmenten las retenciones a los pequeños y medianos productores, y recién después de las PASO también se comprometió el Gobernador a sacarlo; al igual que a nivel nacional hizo la Presidenta con el impuesto a las ganancias, por un lado sube el mínimo no imponible para los trabajadores, pero por el otro lado no se dice que se lo cobrará a los pequeños y medianos empresarios a quienes ahorcarán financieramente, en vez de cobrárselas a las grandes sociedades anónimas o empresas extranjeras”.
Por su parte, Bargagna hizo referencia al decreto Nº 2364 del año 1988 dictado por el ex gobernador Jorge Busti y refrendado por sus ministros José Carlos Halle, Hernán Orduna y Mario Mathieu, que se aplicó durante 10 años consecutivos y aún está vigente. “Por el cual la Provincia forma una Comisión integrada por los Ministerios y el IAPV creando un Registro con la tierra urbana ociosa, sugiriendo la adquisición de tierras aptas privadas, dispone coordinar acciones con los Municipios, y establece la posibilidad de aconsejar para que la plusvalía de las tierras mejoradas sean capitalizadas por el Estado a fin de ponerlas al servicio de la comunidad. A la par, establece la conformación de un grupo operativo técnico del Plan”.
“Este grupo operativo técnico motivó el desarrollo dentro del IAPV de una estructura de profesionales: asistentes sociales, agrimensores, abogados, arquitectos, ingenieros, etc., dedicados a trabajar en ésa área específica, que muy bien servirían para los fines que persigue el Gobierno sin necesidad de crear una Sociedad del Estado (“Compañía Entrerriana de Tierras”) que por ser una sociedad comercial escapa al control contable, de contrataciones y administrativo del Estado, pese a que opera con fondos públicos, (no resultando idónea la delegación de la Fiscalía de Estado de un integrante de la sindicatura por ser ésta un órgano externo de control y exceder sus incumbencias constitucionales)”, señaló la legisladora.
Más adelante, la diputada manifestó que “el 26/02/2013 la Provincia ratificó en todas sus partes el Convenio Marco de Adhesión del Programa de Barrio 3 (PROMEBA) suscripto con la Nación el 21/12/2012 por el cual la Provincia adquiere el derecho de recibir fondos no reintegrables, para utilizar en obras, bienes (terrenos) y servicios. Esta adhesión implica que le corresponde recibir a Entre Ríos el 4% de un crédito blando otorgado por el BID a la Nación por $ 1.500 millones de dólares. Esto significa que Entre Ríos tiene derecho a recibir 60 millones de dólares, (traducido en Pesos: 540 millones) para comprar terrenos, construir viviendas, urbanizar, dinero que no tiene obligación de devolver. Los trámites para que ingresen esos fondos deben ser realizados por la Unidad Ejecutora Provincial y sin embargo están inexplicablemente demorados”.
