Chabrillón aseguró que la crisis de la salud privada es a nivel nacional. “Por ahí se ven propagandas de Swiss Medical, pero eso es el 10 % de la medicina argentina para la super clientela. El sanatorio normal, común, está muy mal económicamente”, precisó.
Consideró que no están en condiciones de pagar los sueldos ni de dar atención adecuada. “Encima tenemos la espada de Damocles que son los juicios de mala praxis. Porque si haces mal la medicina porque no hay medios, te comés el juicio. Es una medicina muy riesgosa para el médico y, por supuesto, para el paciente”, precisó.
“Todos deberían colaborar con las cuestiones médicas porque todos queremos, después cuando estamos enfermos, tener un lugar donde atendernos y que nos atiendan bien. Sobre todo, deberían colaborar las obras sociales que no pagan”, opinó.
El edil no quiso opinar sobre el pedido para rebajar la tasa de Higiene debido a que desde el cuerpo no se quiere tomar una decisión apresurada. “Tampoco podemos crear privilegios a las instituciones médicas. Queremos que se haga todo los posible dentro de las normas legales vigentes”. En ese sentido, expresó que intenta tomar contacto con una ley de emergencia sanitaria para poder adaptarla y aplicarla desde el Estado municipal.
Los aranceles no alcanzan
Arizabalo sostuvo que la tasa de higiene afecta en forma abultada a la situación actual. “Es uno de los factores que incide en la posibilidad de seguir operando”, indicó. “Convocamos al Estado para que se considere una emergencia porque, si sigue esta situación, no van a poder seguir operando. Pedimos que se nos reconozca el lugar que ocupamos como servicio a la sociedad en el sentido que la respuesta en salud no se puede imaginar que los sanatorios no estén funcionando”, señaló.
En cuanto a los aranceles de las obras sociales, mencionó que sufren una gran postergación. “Son muy bajos, no se han movido desde hace mucho tiempo y no alcanzan para reponer todas las erogaciones, insumos y al merecido aumento de sueldo que pueda llegar a tener el personal”, expresó.
“Nosotros no somos fijadores de precios, cobramos lo que la obra social paga y no podemos llegar a un acuerdo de tener aranceles que alcancen para seguir operando”, añadió.
El socio-gerente del Instituto de Pediatría no supo precisar cuanto deberían aumentar los aranceles. “Tendríamos que ir a una mesa de debate para poder llegar a un entendimiento más claro de la situación. La seguridad social en Entre Ríos, fundamentalmente, es llevada adelante por una obra social como el Iosper que tiene 250.000 afiliados”.
Arizabalo aseguró que la conversación con los concejales fue muy amena. “Fuimos escuchados”, dijo. Pero no hay plazos para una respuesta. “La promesa fue comenzar a estudiarlo”, dijo.
