Entre ellas el decreto que permitió los aumentos, y las resoluciones del Ministerio de Planificación Federal y del ENARGAS. El articulado propuesto por el diputado José Artusi y el resto de la bancada radical se funda en que el decreto Nº 2067/08 del poder ejecutivo nacional que autoriza las subas es “abiertamente inconstitucional “respecto del artículo 19º de la Constitución Nacional-
Además consideraron que viola la ley Nº 24076 que establece el marco regulatorio del gas al permitir que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios pueda manipular el valor de los cargos, cuando esa facultad es competencia de Ente Regulador del Gas.
Además, los radicales declararon que esas normas deberían incluir la declaración de la producción, distribución y venta al público de gas licuado envasado en garrafas -que es el que consumen los sectores más carentes- como Servicio Público Nacional en todo el territorio argentino. También se aconseja estipular un valor máximo uniforme en todo el territorio nacional para la garrafa de 10 kilogramos de gas licuado y la eventual financiación de un subsidio que permita sostener ese equilibrio en el precio.
Desde la presidencia del bloque radical, el diputado Marcelo López estimó que los aumentos no sólo dejan en la indefensión a los usuarios sino que además son “desmedidos, abusivos, arbitrarios y abiertamente contrarios a las normas vigentes”.
Desde la bancada radical también se denuncia que la puesta en marcha del decreto Nº 2067/08 produjo incrementos en las facturas de consumo de gas natural que “repercuten directamente sobre las economías familiares, y no hacen más que complicar la difícil situación económica por la que atraviesan miles de argentinos”.
“Esos aumentos se aplican a usuarios residenciales que consumen anualmente más de 1000 m3, lo que equivale al consumo de cualquier familia tipo que utilice una cocina, un calefón y un calefactor solamente en el invierno, que se verían penalizados con subas entre 50 y 200% en las facturas”, se señala en el proyecto.
Durante el tratamiento en la sesión, López propuso que la resolución a redactar incluya un artículo en el que las denuncias planteadas sean canalizadas también a través de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en razón de que es quien tiene competencia o legitimación activa para representar a los usuarios de toda la nación y, en el caso, a los entrerrianos.
López entendió que éstas son “consecuencias nefastas del abandono y las desinversiones en obras energéticas de infraestructura en momentos en que el Estado podía hacerlo porque el crecimiento de la economía nacional se lo permitía”. En cambio, el gobierno “se dedicó a subsidiar a las empresas distribuidoras de energía y de gas con el único fin de congelar las tarifas de los servicios públicos”.
