El relevamiento que abarcó establecimiento primarios, secundarios y de nivel inicial de C. del Uruguay, Caseros, Herrera, Villa Mantero, San Justo, Santa Anita y Las Moscas fue encarado para determinar la realidad de los establecimientos en función del efectivo cumplimiento de la resolución Nº 2231 (Reglamento de Funciones del Personal No Docente) cuyo contenido regula la actividad del personal Administrativo, de Mantenimiento, Mayordomo, Chofer, Encargado de Depósito, Sereno, Ordenanza, Personal de Cocina, etc.
ATE solicitó una urgente audiencia a la directora departamental de Educación Uruguay, María del Carme Tourfiní para buscar soluciones inmediatas a diversas problemáticas. Uno de los temas que causa extrema preocupación a ATE, seccional Uruguay, es la detección de muchos casos de violencia laboral. Una situación que “provoca serios trastornos, vulnera los derechos e impide el correcto desarrollo de las tareas”.
Además, los gremialistas encontraron a muchos trabajadores bajo el régimen de tareas pasivas, sin contar con el debido reconocimiento de los directivos. “La situación ocasiona una sobrecarga de trabajo a los demás trabajadores de la misma dependencia y se desconoce que los derechos son para todos y no sólo para algunos”, manifestaron.
Por otra parte, desde ATE consignaron que el personal afectado no cuenta con elementos mínimos para realizar sus tareas. Por ejemplo: limpieza: lavandina, detergente y, en algunas ocasiones y esporádicamente, se remiten a los establecimiento sumas ínfimas entre los 40 pesos, para adquirir los insumos básicos. Incluso, destacaron que en muchas instituciones la provisión surge de las mismas asociaciones cooperadoras “que deberían estar abocadas a cumplir otra función”.
Con respecto a vestimenta de trabajo, el faltante es de un 100 %. Desde ATE señalaron que el sector auxiliar de Educación es uno de los “más castigados en materia salarial”. No obstante, en algunas dependencias los directivos exigen al personal que se compre la ropa de trabajo “contrariando totalmente lo dispuesto en la resolución 2231 que establece que será el Estado quien proporcionará la vestimenta correspondiente”.
