Respaldado en los dos nuevos dictámenes de la fiscal Gabriela Boquín, Zoni elevó 12 medidas de prueba ante el juez Ariel Lijo para investigar las responsabilidades de Macri, el ministro de Comunicación, Oscar Aguad; el representante legal del ministerio en el concurso del Correo Argentino S.A., Juan Manuel Mocoroa, la jueza Cirulli. Zoni también imputó a los directivos de las firmas Correo Argentino S.A., Socma S.A. y Simeco S.A. y a los síndicos intervinientes del concurso.
En el primer dictamen, Boquin había denunciado el aparente intento de "vaciamiento" de las cuentas del concurso de acreedores del Correo Argentino S.A. para desviar los fondos en dólares y pesos hacia otros negocios del mismo grupo empresario vinculado con la familia del presidente Macri.
Sobre esa presentación, Zoni sostuvo que el "Correo Argentino S.A. habría abonado a su controlante Sideco Americana S.A. en concepto de alquileres y otros conceptos adicionales, montos cuyo respaldo documental no coincide con las cifras erogadas" y subrayó: "Lo relatado obliga a investigar la posible laxitud con la que se ejercían los controles sobre el manejo y administración que la concursada poseía sobre sus bienes (…) lo que habría permitido el vaciamiento patrimonial de Correo Argentino S.A. en beneficio de Sideco Americana S.A.".
Otro de los dictámenes de Boquin considerado por Zoni en la ampliación de la imputación fue el referido a la voluntad del gobierno nacional de postergar por 120 días la audiencia que se debió desarrollar a mediados de marzo para tratar la deuda del Correo. El pedido de demora hecho por el Ejecutivo, días después de que el presidente Macri diera en discurso pidiendo que se revise el acuerdo, fue aceptado por todas las partes pero no por la Cámara Nacional Comercial.
"Resulta llamativo el accionar de las sindicaturas en cuanto cuestionan la dilación del proceso pero a la vez relativizan las consecuencias de la suspensión de los 120 días requerida, sin oponerse", sostuvo Zoni en su dictamen de doce páginas.
"La aceptación a dicha suspensión resulta no menos que contradictoria con la defensa de los intereses de los acreedores concursales, entre ellos el Estado Nacional", apuntó Zoni. El dictamen del fiscal pone en crisis las palabras del Macri, quien luego de que se destapara el escándalo por el acuerdo firmado —que condonaba la deuda de la familia presidencial con el Estado en un 98 por ciento— dijo que la intención era cobrar la deuda que desde hace 16 años perjudica las arcas públicos.
"El paso del tiempo tiene como principal consecuencia licuar el crédito en perjuicio de los acreedores, por lo que la medida sólo favorecería a Correo Argentino S.A.", agregó el fiscal.
El caso por el acuerdo "abusivo" y "ruinoso" —de acuerdo al dictamen de la fiscal Boquín— que pretendía convalidar Mauricio Macri con la empresa privatizada manejada por su familia cuenta con cuatro denuncias por corrupción que tramitan en Comodoro Py. Dos fueron realizadas por bloques de diputados kirchneristas, una por un abogado independiente y la cuarta por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.
