Las leyes no son casuales y las mismas se enmarcan dentro de la política internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos quien lo implementa por medio del grupo de asociación financiera internacional (GAFI), y dentro del marco de legislaciones antiteroristas a nivel continental para la persecución y criminalización de la lucha social.
“Este tipo de leyes permitiría que gobiernos sin escrúpulos que reprimen protestas sociales, o jueces que vienen de anteriores gobiernos con políticas de no respeto a las protestas sociales utilicen estas leyes para castigar a cualquier vecino de nuestra ciudad o de cualquier lugar del país tratándolo como un TERRORISTA, por el simple hecho de reclamar por cuestiones tan básicas como la contaminación ambiental, el servicio de agua potable, reclamos salariales o gremiales, reclamos estudiantiles y/o por reclamar cualquiera de los derechos que enuncia nuestra Constitución, que deben ser garantizados por el Estado”, expresaron.
“Los movimientos sociales estamos en alerta, dado que con estas leyes violatorias de nuestros derechos constitucionales y disfrazadas de democráticas, podríamos ser tratados y juzgados como terroristas por el simple hecho de reclamar por nuestros derechos”, dice otro de los párrafos. ”Estas leyes antiterroristas se encuadran dentro de un plan a largo plazo desarrollado por el imperio como elemento de disuasión, miedo y rotura de los lazos sociales, con el objeto de controlar y desarticular cualquier conflicto social que vaya en contra de sus intereses”, señala la Multisectorial.
“La sociedad debe tener presente, como lo ha demostrado nuestra historia cercana, que este tipo de leyes no solo atenta contra las organizaciones sociales, sino contra la sociedad toda al ser esta el fin último de la intromisión y violación de sus derechos para lograr el control y la sumisión de la misma para implementar sus intereses económicos”, advierten.
“En suma, para que no encarcelen nuestra autodeterminación, y a fin de que podamos continuar defendiendo nuestros derechos políticos, sociales, ambientales, laborales y culturales exigimos la derogación inmediata de esta medida jurídico-política ilegítima y antidemocrática”, explicaron desde la Asamblea.
